Una exigencia de 122.000 euros a un constructor a cambio de una licencia de obras terminó convirtiéndose en el núcleo judicial del caso Troya. La investigación sacudió la política municipal de Alhaurín el Grande y acabó con una condena por cohecho confirmada por el Tribunal Supremo.
La denuncia que puso en marcha el caso
La investigación se inició después de que un promotor denunciara que se le había reclamado dinero para obtener una licencia relacionada con un edificio de viviendas. Las diligencias incluyeron grabaciones y seguimientos que permitieron documentar conversaciones sobre el pago exigido.
El procedimiento derivó en detenciones en enero de 2007. Entre los investigados figuraban el entonces alcalde, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, José Gregorio Guerra. El caso recibió el nombre de operación Troya y durante años acumuló acusaciones de cohecho, prevaricación y delitos urbanísticos.
Un juicio mucho más amplio que la condena final
La Fiscalía llevó a juicio una relación extensa de hechos y sostuvo que existían numerosos cobros vinculados a decisiones municipales. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga no consideró probado el conjunto de la acusación.
La Sección Octava dictó sentencia el 18 de enero de 2012. Condenó al alcalde y al concejal como autores de un delito de cohecho, pero los absolvió de otros doce delitos de cohecho formulados por el Ministerio Fiscal. El resto de acusados quedó absuelto de los delitos que se les atribuían.
La pena: 200.000 euros y un año de suspensión
Por el hecho que sí quedó probado, Juan Martín Serón y José Gregorio Guerra fueron condenados a una multa de 200.000 euros y a un año de suspensión de empleo o cargo público municipal.
La resolución fijó como acreditado que ambos exigieron 122.000 euros a un constructor como contrapartida para conceder una licencia para un edificio de viviendas. La importancia jurídica del fallo estuvo tanto en lo que condenó como en lo que descartó: un procedimiento inicialmente muy amplio terminó reducido a un episodio de cohecho que sí superó el estándar probatorio del juicio penal.
El Tribunal Supremo confirmó la sentencia
Los condenados recurrieron. El 8 de octubre de 2013, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó los recursos y confirmó las penas impuestas por la Audiencia de Málaga. La sentencia quedó así consolidada: un año de suspensión y 200.000 euros de multa para cada uno.
El Supremo dio por probado que el pago se había exigido como condición para obtener la licencia. Con ello cerró el recorrido principal de una causa que había comenzado casi siete años antes.
La prueba de las grabaciones
Uno de los elementos que dio fuerza a la investigación fueron las conversaciones registradas durante las diligencias. El caso mostró el valor de las técnicas de investigación autorizadas judicialmente cuando se intenta acreditar una exigencia de dinero que, por definición, suele producirse sin documentos públicos y fuera de los cauces administrativos ordinarios.
También evidenció la diferencia entre una sospecha amplia de corrupción y aquello que puede terminar probado ante un tribunal. Las absoluciones de buena parte de los cargos iniciales forman parte inseparable de la historia del proceso.
Por qué Troya quedó en la memoria judicial de Málaga
La causa tuvo una gran repercusión porque afectó directamente al alcalde de un municipio de la provincia y porque el episodio probado estaba vinculado a una de las materias más sensibles de aquellos años: la concesión de licencias urbanísticas.
En una Málaga marcada por grandes procedimientos sobre urbanismo, Troya fue un caso más acotado que Malaya, pero judicialmente muy significativo. Terminó con una sentencia firme del Supremo y con una descripción clara de la contraprestación exigida a un promotor.
Fuentes documentales
La reconstrucción se basa en la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga difundida por el TSJA en enero de 2012 y en la resolución del Tribunal Supremo de octubre de 2013 publicada por el Consejo General del Poder Judicial.
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