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Los abogados alertan de juicios laborales señalados hasta 2030 en Madrid

El ICAM reclama medidas urgentes ante una jurisdicción social madrileña que cerró 2025 con 78.518 asuntos pendientes y señalamientos que alcanzan 2030.

Portada EL CASO MÁLAGA sobre el retraso de los juzgados de lo Social de Madrid
Portada editorial de EL CASO MÁLAGA. COMPOSICIÓN GRÁFICA.
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MADRID. El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzado una campaña para reclamar una respuesta institucional al atasco de los juzgados de lo Social, donde algunos procedimientos ya tienen vistas fijadas para 2029 y 2030.

Las demoras afectan a asuntos especialmente sensibles para la vida cotidiana: despidos, incapacidades, prestaciones, reclamaciones salariales y accidentes de trabajo. El Colegio considera que los retrasos no se limitan al señalamiento de los juicios, sino que alcanzan también la tramitación previa, las resoluciones, los recursos y la ejecución de sentencias.

Más de 78.000 asuntos pendientes

Los datos difundidos por el ICAM indican que los juzgados de lo Social de la Comunidad de Madrid cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes, el mayor volumen de la serie disponible desde 2006. La pendencia aumentó un 26,8% en un año y un 55,9% desde 2023.

Frente a 2019, último ejercicio anterior a la pandemia, el número de asuntos sin resolver se ha más que duplicado, con un incremento del 117,7%. La tasa de congestión alcanzó 2,30, por encima de las principales jurisdicciones de los juzgados madrileños.

Petición de una respuesta coordinada

El decano Eugenio Ribón propone una reunión específica entre el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el propio Colegio. El objetivo sería compartir datos, concretar necesidades y acordar refuerzos evaluables.

La corporación también ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y ha iniciado una recogida de firmas. A su juicio, una demora de varios años puede comprometer el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, especialmente cuando el litigio afecta al sustento económico o a la salud de una persona.

Fuente: ICAM y Legal Today, 11 de septiembre de 2026.

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