TRIBUNALES | MEDIO AMBIENTE EN MÁLAGA
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sanción de 300.508 euros impuesta a los cuatro propietarios de una finca situada junto al río Guadalhorce, en Málaga, por la acumulación incontrolada de residuos peligrosos y no peligrosos y por el desarrollo de actividades industriales sin autorización.
La resolución judicial avala la responsabilidad solidaria de los titulares de los terrenos pese a que la finca estaba arrendada. En el lugar llegaron a localizarse 944 bombonas de butano, 880 colchones, 177 neumáticos, vehículos fuera de uso, baterías, aceites, electrodomésticos, palés y otros residuos.
Una finca de unas cinco hectáreas junto al Guadalhorce
La sentencia, fechada el pasado 8 de julio, desestima el recurso de los propietarios y confirma que debían responder de las irregularidades detectadas en una parcela de unas cinco hectáreas. La finca disponía de licencia municipal para el aparcamiento de vehículos, pero las inspecciones reflejaron actividades muy distintas.
Las primeras actas de la Policía Local citadas en la resolución corresponden a los días 16, 17 y 24 de octubre de 2019. En ellas se describía una parcela vallada y con acceso controlado en la que se desarrollaban actividades de almacenamiento, reparación y desguace sin las autorizaciones ni las medidas de seguridad exigibles.
944 bombonas, 880 colchones y cientos de residuos
Los agentes contabilizaron 27 vehículos al final de su vida útil, 25 compresores de frigoríficos, 93 electrodomésticos, 177 neumáticos, diez baterías, cinco bidones de aceite de motor de 200 litros, 944 bombonas de butano, 880 colchones, unos 5.000 palés de madera, 19 aparatos de aire acondicionado y alrededor de un centenar de bolsas de ropa usada.
Buena parte de esos materiales se encontraba mezclada y depositada directamente sobre el suelo. La documentación del expediente advertía del riesgo derivado de la enorme carga de material combustible y de la posibilidad de que líquidos contaminantes acabaran infiltrándose en el terreno o fueran arrastrados por la lluvia hacia el cauce del Guadalhorce.
Un incendio en 2019 dejó a un bombero herido
Uno de los hechos de mayor gravedad recogidos en la resolución fue el incendio registrado el 15 de octubre de 2019. Durante las labores de extinción se produjeron explosiones relacionadas con la presencia de recipientes y botellas de gases comprimidos.
En aquella intervención resultó herido un bombero, que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en una pierna tras la explosión de un envase. La sentencia también hace referencia a otras intervenciones anteriores de los Bomberos en la zona, lo que reforzó la consideración de que no se trataba de un episodio aislado.
Inspecciones posteriores confirmaron que los residuos seguían allí
Los agentes de Medio Ambiente realizaron nuevas inspecciones en junio de 2020 y marzo de 2021. En ellas volvieron a encontrar residuos y actividades de desguace y valorización realizadas sin autorización, según recoge la sentencia.
Entre los materiales documentados había frigoríficos y congeladores desmontados para extraer componentes, vehículos y motocicletas parcialmente desguazados, aceites vertidos, neumáticos, mobiliario, ropa, colchones y materiales plásticos.
El tribunal considera responsables a los propietarios
Los dueños defendieron que ellos no habían ejecutado directamente las actividades contaminantes y que la sociedad arrendataria había subarrendado parcelas a terceros. Sin embargo, el TSJA avala la interpretación de la Administración y considera que la normativa ambiental permite exigir responsabilidad a los propietarios de los terrenos cuando existe una posición de garante y no se adoptan medidas suficientes para impedir que continúen las infracciones.
La resolución señala que la responsabilidad correspondía tanto a la empresa arrendataria, por acción y omisión, como a los propietarios por no haber ejercido actuaciones suficientes para frenar la actividad.
La limpieza posterior redujo la sanción
Una vez recuperada la posesión de la finca, los propietarios procedieron a retirar los residuos y acreditaron un gasto de 86.085,27 euros en las labores de limpieza y entrega a gestores autorizados. Esa actuación fue tenida en cuenta como circunstancia atenuante.
La sanción inicialmente calculada ascendía a 601.012,50 euros. La retirada posterior de los residuos y otras circunstancias permitieron reducirla hasta los 300.508 euros que ahora confirma el tribunal.
El TSJA confirma también las costas
Además de desestimar el recurso de los propietarios, la Sala de lo Contencioso-Administrativo impone las costas del procedimiento, con un límite de 1.500 euros más IVA. El tribunal rechaza también los argumentos planteados sobre prescripción, caducidad e indefensión.
La resolución consolida así la sanción por una situación que se mantuvo durante años en una finca próxima al Guadalhorce y en la que se combinaron residuos peligrosos, materiales altamente combustibles y actividades industriales sin autorización.
Fuentes: sentencia del TSJA recogida por El Español de Málaga y actuaciones administrativas citadas en la resolución.
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