La Fiscalía solicita 24 años de prisión para un agente de la Policía Local de Benalmádena acusado de abusos sexuales continuados a tres sobrinas cuando eran menores de edad. El juicio se celebró el pasado mes de abril y la familia continúa a la espera de sentencia cinco años después de que comenzara el procedimiento.
El caso permanece pendiente de resolución judicial, por lo que los hechos atribuidos al acusado deben considerarse presuntos mientras no exista una sentencia firme.
Tres denuncias dentro del ámbito familiar
Según el escrito del Ministerio Fiscal recogido en el procedimiento, el acusado habría aprovechado la relación de confianza familiar y momentos en los que quedaba al cuidado de las menores para realizar conductas de carácter sexual.
La acusación sostiene que ese comportamiento se habría repetido durante distintos periodos y afectado a tres sobrinas. Una de las denuncias se remonta a junio de 2021, cuando una de las menores tenía nueve años.
La Fiscalía pide 24 años de cárcel
El investigado, agente de la Policía Local de Benalmádena, se enfrenta a una petición fiscal de 24 años de prisión. La vista oral se celebró en abril de 2026 y desde entonces el procedimiento permanece pendiente de sentencia.
La familia de las jóvenes ha hecho pública ahora su preocupación por la duración del proceso y por las consecuencias personales que, según sostiene, ha tenido durante estos años.
Un procedimiento iniciado hace cinco años
El Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos dictó auto de procesamiento en mayo de 2023. En aquella resolución, según la información conocida del procedimiento, el juzgado valoró las declaraciones prestadas por las menores durante la investigación.
La causa siguió posteriormente su tramitación hasta llegar a juicio este año. La familia explica que las jóvenes han recibido atención especializada durante este tiempo y que han mantenido medidas de seguridad en su vida cotidiana.
Una orden de alejamiento
Dentro del procedimiento judicial se acordó una prohibición de aproximación a las menores a menos de 500 metros, además de impedir cualquier comunicación con ellas. Esa medida debía mantenerse hasta que existiera una sentencia firme o una resolución posterior que la modificase.
La familia ha denunciado públicamente su temor a posibles incumplimientos y reclama que se respeten estrictamente las medidas judiciales mientras el procedimiento siga abierto.
La familia reclama una resolución
Cinco años después de las primeras denuncias, los familiares aseguran que han decidido hablar públicamente porque consideran que la espera se ha prolongado demasiado. Su reclamación se centra en que el procedimiento llegue a una resolución y se mantengan las garantías para las denunciantes.
La presunción de inocencia del acusado continúa vigente hasta que exista una resolución judicial firme.
Fuentes: Ministerio Fiscal, auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos y Málaga Hoy.
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