La Junta de Andalucía llevará antes de que termine 2026 al Parlamento andaluz una Ley Integral frente a las Agresiones a Profesionales Sanitarios. El anuncio lo ha realizado este 25 de septiembre el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, durante las IX Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), celebradas en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.
La intención del Gobierno andaluz es tramitar la norma mediante decreto ley, una vía que Sanz ha justificado por la “urgencia y necesidad” de reforzar la protección de quienes trabajan en el sistema sanitario. El texto deberá pasar por el Consejo de Gobierno y posteriormente por el Parlamento de Andalucía.
Un régimen sancionador propio
Entre los elementos adelantados figura la creación de un régimen sancionador específico, con una tramitación directa desde la Administración autonómica. Según lo anunciado, las consecuencias no se limitarán a multas económicas y la futura regulación abordará expresamente la reincidencia, los ataques a través de internet y redes sociales y el acoso cibernético.
La Junta también plantea mecanismos para facilitar que los profesionales denuncien las agresiones y reforzar su protección cuando lo hagan. Entre las medidas expuestas se encuentran la asistencia jurídica de los letrados del SAS y fórmulas destinadas a proteger el nombre y la identidad del denunciante.
Otro de los criterios anunciados afecta a los casos en los que agresor y profesional puedan volver a coincidir en el mismo centro sanitario. Sanz ha defendido que la respuesta debe evitar que sea el trabajador agredido quien termine abandonando su puesto o cambiando de centro como consecuencia de la agresión.
1.976 agresiones registradas en Andalucía durante 2025
El anuncio se produce después de que durante 2025 se registraran en Andalucía 1.976 agresiones a profesionales sanitarios. Cerca del 80% fueron de carácter verbal, según los datos facilitados por la Administración autonómica.
La consideración de estas conductas va más allá de la seguridad ciudadana. La Junta sostiene que las agresiones deben ser tratadas también como un riesgo laboral para médicos, enfermeros y el resto del personal que desarrolla su actividad en centros sanitarios.
El Sistema Sanitario Público Andaluz dispone, según los datos expuestos durante las jornadas, de más de 50.000 dispositivos de seguridad, entre cámaras, sistemas de aviso, alarmas individuales y otros mecanismos. La inversión destinada a estas medidas habría pasado en los últimos años de algo más de 30 millones de euros a superar los 60 millones.
Audio | Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias
Intervención de Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, durante las IX Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), celebradas en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, sobre la futura Ley Integral frente a las Agresiones a Profesionales Sanitarios.
Asistencia jurídica y prevención
Durante 2025, los servicios jurídicos del SAS realizaron 195 asistencias letradas a profesionales que habían sufrido agresiones. De ellas, 33 estuvieron relacionadas con delitos de atentado. La estrategia anunciada contempla asimismo atención psicológica, asesoramiento jurídico y apoyo institucional.
La Junta ha destacado además el trabajo de la unidad Sócrates de la Policía adscrita a la comunidad autónoma, especializada en prevención, seguimiento y actuación frente a agresiones al personal sanitario. Desde su puesta en marcha, según los datos difundidos, ha desarrollado cerca de un millar de contactos y entrevistas y más de 300 actuaciones continuadas con vigilantes de seguridad.
La norma todavía debe concretarse
Los detalles definitivos dependerán del texto que finalmente apruebe el Consejo de Gobierno y de su posterior tramitación parlamentaria. El Ejecutivo autonómico ha señalado que quiere incorporar aportaciones de profesionales, organizaciones sindicales, colegios profesionales e instituciones antes de cerrar el contenido.
Fuentes: Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía
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