Un grupo de alumnos de Secundaria de un centro educativo de la provincia de Málaga ha pedido protección ante la situación que, según denuncian, viven con un compañero al que atribuyen episodios de agresividad, insultos y amenazas. La petición quedó plasmada en una carta firmada por más de quince estudiantes que ha terminado en manos de la Fiscalía de Menores.
La misiva fue trasladada por el propio centro a Educación y posteriormente llegó al Ministerio Fiscal. Tanto la administración educativa como la Fiscalía han abierto actuaciones para conocer qué está ocurriendo y valorar qué medidas deben adoptarse.
Los alumnos aseguran tener miedo de acudir a clase
Los estudiantes explican en su escrito que sienten miedo por el comportamiento de un compañero y reclaman una solución que les permita acudir a clase con normalidad. La carta contiene más de quince firmas y plantea directamente una petición de “protección”.
Según la información conocida sobre el expediente, los menores habrían relatado episodios de golpes, mordiscos, lanzamiento de objetos, tirones de pelo y persecuciones por los pasillos. También se habrían producido insultos y amenazas.
Las conductas descritas no afectarían únicamente a otros alumnos. La información recabada en el centro apunta a que también habría habido episodios de conflictividad con profesores, que habrían trasladado las dificultades existentes para controlar determinadas situaciones.
Educación y Fiscalía de Menores investigan
El caso ha provocado la apertura de actuaciones tanto en el ámbito educativo como en la Fiscalía de Menores de Málaga. El objetivo es determinar qué hechos están acreditados, con qué frecuencia se han producido y qué respuesta resulta adecuada para garantizar la seguridad y la convivencia en el centro.
La intervención de la Fiscalía no implica que exista ya una responsabilidad penal determinada. En asuntos que afectan a menores, el Ministerio Fiscal también interviene para proteger sus derechos e intereses y puede requerir información o promover medidas cuando considera que existe una situación que debe corregirse.
De acuerdo con la información publicada, la Fiscalía ha pedido a la Delegación de Educación que adopte recursos específicos para abordar la situación. Entre las posibles soluciones estudiadas se encontrarían medidas organizativas dentro del centro y, si resultara necesario, un cambio de grupo o incluso de centro.
Un expediente que ya venía siendo seguido
El caso no habría comenzado este curso. El expediente se abrió durante el año académico anterior y continúa bajo seguimiento en el curso que acaba de comenzar, lo que indica que la situación ya había generado preocupación antes de la carta ahora conocida.
La novedad es el paso dado por los propios alumnos, que han decidido expresar por escrito cómo perciben la convivencia y reclamar la intervención de los adultos y de las instituciones.
La carta supone un elemento especialmente significativo porque refleja una percepción colectiva de inseguridad entre parte del alumnado. Por esa razón, las autoridades deberán contrastar cada uno de los hechos denunciados y valorar también la situación personal y educativa del menor señalado.
Protección para todos los menores implicados
El caso requiere una especial cautela porque todos los implicados son menores. El objetivo de las actuaciones no puede limitarse únicamente a frenar los incidentes denunciados, sino que también debe garantizar la protección, atención educativa y derechos del alumno al que se atribuyen las conductas.
Por ese motivo, El Caso Málaga no publica el nombre del centro, la identidad de los alumnos ni ningún dato que pueda permitir su identificación.
La información conocida señala que el estudiante objeto de las quejas presenta problemas de conducta y dificultades para controlar determinados impulsos. Esa circunstancia deberá ser valorada por los profesionales competentes para decidir qué apoyos, recursos o medidas son necesarios.
Una petición directa: poder volver a clase sin miedo
El contenido de la carta tiene un mensaje central: los alumnos quieren sentirse seguros en su centro. La petición de protección y de más recursos ha llevado a Educación y a Fiscalía a mantener el expediente abierto y a exigir una respuesta que reduzca el riesgo de nuevos incidentes.
Ahora deberán concretarse las medidas. Mientras continúan las actuaciones, la prioridad pasa por preservar la convivencia escolar, evitar nuevos episodios y garantizar que todos los menores puedan desarrollar su actividad educativa en condiciones de seguridad.
Fuentes
Información publicada por Diario SUR sobre el expediente remitido a la Fiscalía de Menores de Málaga y actuaciones de la Delegación de Educación; Fiscalía Provincial de Málaga.
Mantente informado con El Caso Málaga
Elige cómo quieres recibir titulares y enlaces directos a las noticias.
Alertas en este dispositivo
El permiso oficial del navegador solo se solicitará cuando pulses el botón.
Consentimiento independiente de las cookies. Baja y preferencias disponibles en cada correo. Privacidad.
