La investigación judicial abierta en Marbella sobre el uso de suelo municipal de Benahavís por el centro hípico vinculado al Marbella Club ha dado un paso relevante con la declaración, en calidad de investigado, del alcalde del municipio, José Antonio Mena Castilla. La causa trata de aclarar si durante años se permitió la utilización y explotación de terrenos de titularidad pública por una entidad privada sin concesión administrativa, sin autorización habilitante, sin contraprestación económica para el Ayuntamiento y, según la denuncia, con instalaciones que tampoco contarían con las licencias exigibles.
La comparecencia del regidor tuvo lugar el 24 de septiembre ante la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Marbella. Mena, alcalde de Benahavís por el Partido Popular y responsable municipal que también ha asumido competencias vinculadas al Urbanismo, acudió al juzgado dentro de unas diligencias que se abrieron después de que la Fiscalía del Área de Marbella analizara la denuncia presentada por el portavoz socialista en el municipio, Luis Feito, y apreciara indicios que justificaban una investigación penal por posibles delitos de prevaricación y malversación.
La existencia de una investigación judicial no significa que esos delitos estén acreditados. El procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción y su finalidad es precisamente determinar qué ocurrió, qué decisiones administrativas se adoptaron o dejaron de adoptarse, qué documentación existe, si hubo perjuicio para el patrimonio municipal y qué responsabilidad, en su caso, corresponde a cada una de las personas investigadas o relacionadas con los hechos.
Qué se está investigando exactamente
El centro del procedimiento no es la actividad ecuestre en sí misma, sino el título jurídico con el que una empresa privada habría utilizado durante años terrenos pertenecientes al Ayuntamiento de Benahavís. La investigación se concentra en el paraje conocido como Caserías del Esperonal, en el entorno del Marbella Club Golf Resort y del centro ecuestre que el propio establecimiento promociona entre sus clientes.
La denuncia sostiene que una superficie de alrededor de 36.000 metros cuadrados de titularidad municipal habría sido utilizada para instalaciones del centro hípico desde hace más de dos décadas. Las informaciones incorporadas al procedimiento sitúan el inicio de esa utilización, al menos, en torno a 2005.
Ese dato debe distinguirse de otra cifra que aparece en la documentación analizada por Fiscalía. La denuncia aporta referencias catastrales y registrales de cuatro fincas municipales que en conjunto suman aproximadamente 346.000 metros cuadrados. No significa que toda esa superficie esté ocupada por el centro ecuestre: la parcela directamente vinculada a la explotación hípica se cifra en unos 36.000 metros cuadrados, mientras que las cuatro fincas forman parte del contexto patrimonial y urbanístico más amplio examinado en la denuncia.
Un centro ecuestre integrado en la oferta del Marbella Club
El alcance económico y material de la actividad es uno de los elementos que ayudan a entender por qué la situación ha acabado bajo examen judicial. El Marbella Club presenta públicamente su centro ecuestre como una instalación vinculada a su oferta deportiva y hotelera en Benahavís, a unos veinte minutos de su hotel de la Milla de Oro de Marbella.
En su propia información comercial, el complejo ofrece paseos a caballo, clases de doma, entrenamiento para competición y servicios para propietarios de caballos. El establecimiento describe 36 grandes cuadras, boxes para animales privados, caballerizas y pistas destinadas al entrenamiento y a concursos ecuestres. También anuncia una pista de unos 4.500 metros cuadrados preparada para competición y señala que sus instalaciones han acogido pruebas de salto de ámbito nacional.
Esta descripción resulta relevante porque la investigación no se refiere a un uso puntual o residual del terreno, sino a unas instalaciones estables asociadas a una actividad organizada y continuada. Precisamente por ello el juzgado deberá determinar qué cobertura administrativa tuvo esa actividad durante todos estos años y si existieron contratos, convenios, concesiones, licencias o cualquier otra figura que pudiera justificar el uso privado de suelo público.
El origen de la denuncia
El procedimiento nació a partir de una denuncia presentada por el portavoz del PSOE en Benahavís, Luis Feito. Según el escrito, el centro ecuestre se encontraría en terrenos municipales y su explotación se habría desarrollado sin que constara una concesión administrativa, una autorización formal o un canon a favor del Ayuntamiento.
La denuncia también sostiene que las instalaciones carecerían de determinadas licencias administrativas y que el Consistorio, pese a conocer la situación, no habría promovido durante años un expediente para recuperar la posesión efectiva de la parcela o regularizar su uso mediante los procedimientos legalmente previstos.
Entre la documentación que se habría aportado figuran referencias del Catastro y del Registro de la Propiedad, actas de sesiones plenarias y preguntas dirigidas al alcalde sobre la situación de los terrenos. El denunciante considera que esas respuestas permitirían acreditar que el Ayuntamiento conocía la ocupación. Esa interpretación forma parte de la tesis de la denuncia y deberá ser contrastada dentro de la instrucción con la documentación municipal y con las explicaciones de los responsables públicos y privados citados.
De la denuncia política a una investigación de Fiscalía
El caso dio un salto cualitativo cuando dejó de ser únicamente una denuncia formulada por un grupo municipal y pasó a ser analizado por el Ministerio Fiscal. A comienzos de marzo de 2026, la Fiscalía de Málaga remitió el escrito al fiscal del Área de Marbella para que examinara los hechos y la documentación aportada.
Tras esas diligencias preprocesales, la Fiscalía consideró a finales de marzo que existían elementos suficientes para poner los hechos en conocimiento del órgano judicial. El Ministerio Público señaló que, de confirmarse, determinadas actuaciones u omisiones podrían presentar relevancia penal y encajar, de forma indiciaria, en posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación.
La remisión de la causa al juzgado no supone una acusación definitiva ni una condena. Significa que Fiscalía entendió que los hechos merecían ser investigados con las facultades propias de un procedimiento judicial: requerir expedientes, citar testigos, tomar declaración al investigado y comprobar la situación registral, urbanística, económica y administrativa de los terrenos.
Por qué se habla de prevaricación
La prevaricación administrativa, regulada en el Código Penal, se vincula a la actuación de una autoridad o funcionario cuando dicta, a sabiendas, una resolución arbitraria e injusta en un asunto administrativo. En este procedimiento la cuestión es más compleja porque la denuncia también plantea la posible relevancia de una inactividad administrativa deliberada: es decir, si las autoridades municipales conocían una eventual ocupación sin título y, pese a tener la obligación de actuar, permitieron conscientemente que la situación se prolongara.
Será el juzgado quien determine si existió realmente una resolución administrativa con relevancia penal, una omisión jurídicamente equiparable a ese comportamiento o, por el contrario, si las decisiones adoptadas tenían cobertura legal o carecen de trascendencia penal.
Por qué se investiga también una posible malversación
La referencia a la malversación se relaciona con la naturaleza pública de los terrenos y con la posibilidad de que el patrimonio municipal hubiera sido utilizado en beneficio de un tercero sin contraprestación suficiente o sin un procedimiento legal que lo amparase.
La denuncia plantea la hipótesis de un posible perjuicio económico para las arcas municipales derivado de la explotación de suelo público sin canon, alquiler u otra compensación. También apunta a la eventual ausencia de determinados ingresos o cargas económicas asociadas al uso del terreno.
Ninguno de esos extremos está probado por el mero hecho de que Fiscalía los haya considerado investigables. Para que existiera responsabilidad penal sería necesario acreditar los requisitos específicos del delito, el perjuicio o disposición indebida del patrimonio público y la intervención concreta de las personas investigadas.
El planeamiento urbanístico, otra pieza clave
La calificación urbanística de los terrenos es otro de los elementos centrales. Según las informaciones conocidas sobre la denuncia, parte del suelo afectado figura reservado para equipamiento público. Esto resulta especialmente relevante porque una parcela destinada a uso público está sometida a un régimen distinto al de un terreno privado y su utilización por una empresa exige una cobertura jurídica concreta.
El planeamiento de Benahavís ha atravesado durante las últimas décadas una larga y compleja tramitación. El avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística se aprobó en 2005; posteriormente hubo aprobaciones iniciales, provisionales, subsanaciones y pronunciamientos de la Junta de Andalucía. En 2018, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobó parcialmente de forma definitiva la revisión del PGOU, después de años de ajustes y de resolver cuestiones relacionadas incluso con la delimitación de los términos municipales de Benahavís y Marbella.
Ese contexto urbanístico no prueba por sí mismo ninguna irregularidad en el centro hípico, pero ayuda a explicar por qué el juzgado necesita reconstruir qué normativa estaba vigente en cada momento, qué clasificación tenían exactamente las parcelas, qué decisiones fueron adoptadas por el Ayuntamiento y si existieron intentos posteriores de regularización.
La importancia de saber si hubo concesión, convenio o autorización
Cuando una empresa utiliza de forma exclusiva o especialmente intensa un bien municipal, lo habitual es que exista algún tipo de instrumento jurídico que regule esa utilización: concesión, autorización, convenio, arrendamiento u otra fórmula prevista en la legislación patrimonial y administrativa.
Ese instrumento suele fijar cuestiones como el plazo de utilización, las condiciones de conservación, las obligaciones del adjudicatario, la reversión de las instalaciones y, cuando corresponde, el canon o contraprestación que debe recibir la Administración.
Por eso una de las preguntas fundamentales de esta causa es muy concreta: qué documento permitía al Marbella Club utilizar esas instalaciones municipales y desde cuándo. Si existe, el juzgado deberá valorar su contenido y legalidad. Si no existe, deberá esclarecer cómo se mantuvo la actividad durante tantos años y qué órganos municipales tenían competencias para actuar.
El juzgado pidió documentación al Ayuntamiento
Dentro de las diligencias, el órgano judicial ha requerido al Ayuntamiento documentación relacionada con la titularidad de los terrenos, su clasificación urbanística, los expedientes administrativos existentes, las posibles autorizaciones y las actuaciones desarrolladas por los servicios municipales.
Las informaciones publicadas sobre el procedimiento señalan que el juzgado tuvo que volver a reclamar parte de esa documentación al considerar incompleta la remitida inicialmente. Este extremo resulta relevante porque el expediente administrativo completo será esencial para reconstruir la historia jurídica de los terrenos y determinar si existió algún título habilitante.
Quiénes han sido llamados a declarar
La causa no se limita a la declaración del alcalde. El juzgado citó también a funcionarios municipales con responsabilidades directamente relacionadas con el control de legalidad, la gestión económica y el Urbanismo.
Entre ellos figuran el secretario municipal, el interventor, la tesorera, el jefe del Área de Urbanismo y el responsable jurídico de esa área. Sus declaraciones pueden resultar especialmente relevantes para aclarar qué expedientes existían, si se emitieron informes, cómo se contabilizó el eventual uso de los terrenos y qué advertencias o decisiones administrativas se produjeron a lo largo de los años.
También fueron citados representantes de Marbella Club Hotel S.A., entre ellos responsables de la sociedad vinculada a la explotación del complejo, con el objetivo de conocer qué relación contractual o administrativa mantenían con el Ayuntamiento y qué documentación amparaba el uso de los terrenos.
Luis Feito, el concejal que presentó la denuncia, compareció como testigo y se ratificó en su relato ante el juzgado.
La declaración del alcalde
José Antonio Mena compareció como investigado el 24 de septiembre. La condición de investigado le reconoce todos los derechos de defensa previstos en el procedimiento penal y no equivale a que el juzgado haya concluido que cometió delito alguno.
A la salida de los juzgados declinó realizar una valoración amplia ante los medios. La investigación deberá determinar qué conocimiento tenía sobre la situación de los terrenos, qué decisiones adoptó, qué competencias ejercía en cada etapa y si existe o no relación entre esas actuaciones y los posibles delitos apuntados inicialmente por Fiscalía.
Más de veinte años de actividad bajo examen
Una de las características que diferencia este caso de un conflicto administrativo ordinario es su duración. Las informaciones conocidas sitúan la utilización ecuestre de los terrenos, al menos, desde 2005. Si esa fecha queda acreditada, el juzgado tendrá que reconstruir más de veinte años de decisiones municipales, cambios de planeamiento, licencias, expedientes y relaciones entre el Ayuntamiento y la empresa.
También deberá determinar si la situación se mantuvo de la misma forma durante todo ese periodo o si existieron fases distintas, autorizaciones parciales, modificaciones de planeamiento o intentos de regularización que alterasen el marco jurídico de las instalaciones.
Qué sostiene el Marbella Club sobre sus instalaciones
Mientras se desarrolla la investigación, el centro ecuestre continúa formando parte de la oferta que Marbella Club presenta públicamente. En su web corporativa lo define como un complejo situado en el entorno rural de Benahavís, asociado al Marbella Club Golf Resort y destinado tanto a clientes del hotel como a usuarios externos.
La empresa ofrece rutas a caballo, entrenamiento, doma y salto, y destaca que las instalaciones han acogido competiciones. La publicidad del complejo permite confirmar la existencia de una actividad ecuestre consolidada y de instalaciones permanentes, pero no resuelve la cuestión que investiga el juzgado: cuál es el título administrativo que ampara su implantación sobre terrenos municipales.
Qué debe aclarar ahora la instrucción
La investigación tiene por delante varias cuestiones esenciales. Entre ellas, establecer con precisión qué fincas son municipales, qué superficie ocupa realmente el centro hípico, qué clasificación urbanística tenía cada terreno en cada etapa, qué licencias se concedieron y qué convenios, contratos o autorizaciones llegaron a formalizarse.
También deberá comprobar si hubo contraprestaciones económicas, si el Ayuntamiento dejó de percibir ingresos, si las instalaciones tributaron conforme correspondía, si existieron informes de Secretaría, Intervención o Urbanismo y qué decisiones se tomaron cuando la situación fue planteada formalmente en el pleno municipal.
Finalmente, el juzgado tendrá que decidir si lo ocurrido constituye únicamente una controversia administrativa o patrimonial, si debe corregirse por vías no penales o si existen elementos suficientes para continuar un procedimiento por delitos contra la Administración pública.
Cronología del caso
2005: las informaciones incorporadas a la denuncia sitúan al menos desde ese año la existencia de instalaciones ecuestres vinculadas al Marbella Club en terrenos del entorno de Caserías del Esperonal.
Años posteriores: el centro ecuestre se consolida y amplía su actividad. Paralelamente, el planeamiento urbanístico de Benahavís atraviesa distintas revisiones, aprobaciones y modificaciones.
Principios de 2026: el Grupo Municipal Socialista traslada a Fiscalía una denuncia sobre la presunta utilización de suelo municipal por Marbella Club Hotel S.A.
3 de marzo de 2026: la Fiscalía de Málaga remite la denuncia al fiscal del Área de Marbella para su análisis.
25 de marzo de 2026: tras estudiar la documentación, Fiscalía aprecia indicios suficientes para poner los hechos en conocimiento del Tribunal de Instancia de Marbella por posibles delitos de prevaricación y malversación.
Junio de 2026: el juzgado acuerda nuevas diligencias, solicita documentación al Ayuntamiento y cita al alcalde como investigado, además de funcionarios municipales y representantes del Marbella Club como testigos.
24 de septiembre de 2026: José Antonio Mena declara como investigado en Marbella. El denunciante, Luis Feito, se ratifica ante el juzgado y continúan las comparecencias relacionadas con el expediente.
Una causa abierta y sin conclusión judicial
En este momento no existe sentencia ni resolución que declare acreditados los delitos señalados por Fiscalía. El procedimiento continúa en fase de investigación y todas las personas afectadas mantienen íntegramente su presunción de inocencia.
La relevancia de la causa reside en determinar cómo se gestionó durante años un patrimonio municipal utilizado para una actividad privada y si las decisiones administrativas adoptadas respetaron las normas que regulan el uso de los bienes públicos. El resultado dependerá de la documentación que se incorpore, de las declaraciones pendientes y de la valoración que realice el órgano judicial una vez concluya la instrucción.
Fuentes consultadas
Cadena SER Málaga y SER Marbella Costa del Sol; Málaga Hoy/EFE; elDiario.es Andalucía; documentación pública del BOJA sobre el planeamiento urbanístico de Benahavís; información corporativa del Marbella Club sobre su Golf Resort y Centro Ecuestre; Código Penal consolidado del Boletín Oficial del Estado.