La agresión sufrida por la directora y una profesora del IES Los Montecillos de Coín ya tiene una primera respuesta judicial. Los padres de un alumno del centro han sido condenados después de que la investigación de la Guardia Civil desembocara en un juicio rápido y una sentencia de conformidad, según la información conocida este martes 29 de septiembre.
La resolución supone un cambio importante en la situación del caso, ocurrido el pasado 17 de septiembre de 2026. Hasta ahora se conocían la detención de la madre, la investigación abierta sobre otras personas y las actuaciones policiales. La nueva información concreta las responsabilidades aceptadas en sede judicial y las penas impuestas.
Ocho meses de prisión para la madre por dos delitos de atentado
La mujer ha sido condenada por dos delitos de atentado a funcionario público, cada uno en concurso ideal con un delito leve de lesiones. Por cada uno de los delitos de atentado se le han impuesto cuatro meses de prisión, por lo que la suma alcanza ocho meses de cárcel.
A ello se añaden dos penas de multa por las lesiones leves, de 20 días cada una a razón de diez euros diarios. La resolución incluye además multas de 200 euros vinculadas a delitos leves de daños y amenazas.
El padre del alumno, por su parte, ha sido condenado por un delito de atentado a funcionario público, también en concurso ideal con un delito leve de lesiones, con una pena de cuatro meses de prisión y 20 días de multa a razón de diez euros por día. También se le imponen multas de 200 euros por daños y amenazas.
Prohibición de acercarse a las docentes
La sentencia establece para ambos condenados la prohibición de aproximarse a las perjudicadas durante ocho meses y dos días respecto de cada una de ellas. La medida completa las penas impuestas por unos hechos que provocaron una fuerte reacción dentro y fuera de la comunidad educativa de Coín.
También se fijan responsabilidades civiles. Ambos deberán indemnizar a una de las perjudicadas con 219,70 euros por las lesiones sufridas y abonar 605 euros al centro educativo por los daños ocasionados en una puerta. Además, la mujer deberá indemnizar a la otra víctima con 152,88 euros.
Las penas de prisión quedan suspendidas durante dos años
Las penas privativas de libertad han quedado suspendidas por un periodo de dos años. Esa suspensión queda condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos judicialmente, entre ellos no volver a delinquir y atender las obligaciones económicas derivadas de las multas y la responsabilidad civil.
La existencia de una sentencia de conformidad implica que el procedimiento ha terminado en esta fase mediante un acuerdo aceptado en sede judicial, sin necesidad de desarrollar un juicio ordinario sobre unos hechos respecto de los cuales se han asumido las consecuencias penales recogidas en la resolución.
La agresión ocurrió el 17 de septiembre
Los hechos se remontan al jueves 17 de septiembre, pocos días después del comienzo del curso de Secundaria. La directora del IES Los Montecillos y otra profesora sufrieron una agresión física y verbal en el centro durante un incidente relacionado con familiares de un alumno.
La Guardia Civil intervino y abrió diligencias. El Caso Málaga informó entonces de la detención de la madre del alumno y de la investigación abierta tras el ataque a las dos docentes.
En las jornadas posteriores se conoció que había otras personas investigadas y que las actuaciones se relacionaban con posibles delitos de atentado a la autoridad, lesiones, amenazas y daños. Las dos profesoras denunciaron lo ocurrido y la Administración educativa activó los mecanismos de asistencia jurídica y psicológica previstos para este tipo de situaciones.
Una fuerte reacción de la comunidad educativa
El caso generó una respuesta inmediata en Coín. Profesores, alumnos, familias y representantes institucionales participaron en una concentración de rechazo a la violencia y de apoyo a las docentes.
La Junta de Personal Docente de Málaga volvió a pronunciarse sobre el asunto días después y reclamó más recursos, prevención y protección para los trabajadores de los centros públicos. El Caso Málaga publicó este martes las reclamaciones de los representantes del profesorado tras la agresión.
La noticia de la sentencia conocida posteriormente modifica de forma sustancial la situación judicial descrita hasta ese momento: ya no se trata únicamente de una investigación abierta, sino de un procedimiento que ha terminado con condenas mediante conformidad.
El atentado a funcionario público y la condición de los docentes
La calificación de atentado a funcionario público tiene especial relevancia en agresiones cometidas contra docentes cuando actúan en el ejercicio de sus funciones. La legislación penal protege de manera reforzada a determinados empleados públicos frente a ataques, resistencia grave o intimidaciones relacionadas con el desempeño de su trabajo.
En este caso, la resolución judicial combina los delitos de atentado con lesiones leves y añade las consecuencias derivadas de los daños y amenazas. A ello se suman las órdenes de alejamiento y las indemnizaciones fijadas para las víctimas y para el propio centro educativo.
La sentencia cierra así el recorrido judicial inmediato de un episodio que marcó el inicio del curso en Coín y que abrió de nuevo el debate sobre la seguridad del profesorado y los mecanismos de prevención frente a agresiones en los centros escolares.
Fuentes: información judicial difundida por 101TV Málaga; antecedentes publicados por El Caso Málaga y datos comunicados tras los hechos por la Guardia Civil y la Delegación Territorial de Educación.