Un profesor de la Universidad de Málaga (UMA) ha denunciado una presunta suplantación de identidad después de descubrir que su piso de Teatinos aparece vinculado a una opción de compra que, según asegura, jamás autorizó ni firmó. La operación se habría pactado por 210.000 euros, y quienes figuran como beneficiarios de ese derecho sostienen haber abonado ya 128.100 euros. El propietario niega haber cobrado cantidad alguna y teme las consecuencias del vencimiento de la opción, fijado para el próximo 21 de octubre de 2026.
El afectado es Francisco Rodríguez, docente universitario que lleva más de veinte años residiendo en la vivienda. El caso ha sido dado a conocer este lunes, 12 de octubre, por Málaga Hoy, que asegura haber examinado documentación registral y requerimientos relacionados con la operación, además de recoger el testimonio del propietario. Rodríguez ha acudido a la vía judicial y denuncia que alguien podría haber utilizado sus datos personales para formalizar documentos en su nombre.
La vivienda no consta necesariamente vendida ni transmitida a los supuestos compradores. La información conocida se refiere a la inscripción de un derecho de opción de compra y a los intentos de ejercitarlo. La distinción es fundamental: precisamente lo que el denunciante trata de evitar es que ese derecho se traduzca en una transmisión del inmueble sin su consentimiento.
Una operación por 210.000 euros que el propietario niega haber firmado
Según la documentación publicada por Málaga Hoy, dos personas aparecen vinculadas a la opción de compra, con participaciones del 35 % y del 65 % en el derecho reflejado en la nota simple del Registro de la Propiedad. El acuerdo que se invoca establecería un precio de 210.000 euros. Los interesados sostienen que ya se han pagado 128.100 euros, mientras que un posterior requerimiento notarial se refiere a otros 81.000 euros pendientes.
Rodríguez rechaza la existencia de una operación consentida. Explica que nunca puso el piso a la venta, que no conoce a quienes dicen ser compradores y que no recibió dinero. Tampoco reconoce haber acudido a la notaría barcelonesa que intervino en la documentación. Su posición es tajante: no quiere vender el inmueble en el que reside desde hace dos décadas.
El afectado sitúa el posible perjuicio económico en un contexto de precios inmobiliarios muy diferentes: sostiene que otras viviendas de características semejantes anunciadas en su urbanización superan los 400.000 euros, y algunas rozan los 500.000. Se trata de una comparación aportada por él, no de una tasación oficial de su piso.
La fecha clave: el 21 de octubre
El 21 de octubre figura como día señalado para el ejercicio de la opción de compra. El propietario recibió un requerimiento notarial fechado el 21 de septiembre de 2026 en el que se le instaba a comparecer para formalizar la operación. La comunicación, según la documentación examinada por Málaga Hoy, también planteaba la posibilidad de ejecutar unilateralmente la opción si no se producía la comparecencia en los términos exigidos.
Ese aviso explica la urgencia de las acciones emprendidas por el profesor. No obstante, no hay constancia pública de una decisión judicial firme que dé por válida la compraventa ni de que la titularidad del inmueble haya pasado a otras personas. Las consecuencias concretas de la inscripción y de la fecha de vencimiento están sujetas a la situación registral y a las actuaciones judiciales correspondientes.
Los primeros burofaxes llegaron en febrero
El caso se remonta, al menos, al 9 de febrero de 2026, cuando el profesor recibió un primer burofax remitido por dos desconocidos que afirmaban haber acordado con él una opción de compra. El 26 de febrero llegó una segunda comunicación que insistía en que pretendían llevar adelante la operación. Fue entonces cuando comenzó a buscar ayuda para averiguar cómo había surgido un supuesto contrato sobre su vivienda.
Rodríguez cuenta que acudió inicialmente a dependencias policiales y que en esa visita no llegó a formalizarse su denuncia, según su propio relato. Más adelante presentó denuncia ante el juzgado de guardia y aportó nuevas informaciones relativas al Registro de la Propiedad. Es importante precisar que esta descripción de la primera atención policial procede de la versión del afectado; no consta una explicación oficial sobre aquella actuación.
En el intervalo también se presentó en su casa una persona que dijo ser conocida de los supuestos compradores. El profesor asegura que le explicó que no estaba vendiendo el piso. Meses después, el requerimiento notarial de septiembre reactivó su preocupación por el riesgo de que se intentara culminar la operación.
Una firma atribuida al docente mientras daba clase en Málaga
Uno de los elementos que Rodríguez considera más relevantes es la fecha de la escritura invocada: 20 de marzo de 2025. La operación se relaciona con documentación autorizada en una notaría de Barcelona, pese a que él sostiene que nunca viajó allí para firmar nada.
Para respaldar su versión, ha aportado un documento de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga que, según la información periodística, acredita su presencia impartiendo clase en Málaga el día en el que supuestamente se formalizó el acto notarial. Ese dato podría resultar relevante para esclarecer la identidad de la persona que compareció y la autenticidad de las firmas, cuestiones que deben determinar las autoridades competentes.
La posible pista: documentos personales enviados por un alquiler en Madrid
El profesor maneja una hipótesis sobre el origen de la posible usurpación de identidad, aunque no está demostrado que este episodio esté conectado con la operación inmobiliaria denunciada. Su hijo buscaba una habitación en Madrid y contactó con una persona que se presentaba como arrendador. Para acreditar la solvencia económica, este interlocutor solicitó un avalista y documentación del padre.
Rodríguez facilitó entonces una copia de su DNI, una nómina y su declaración de la renta. Según su testimonio, el supuesto arrendador insistió en recibir los documentos completos. La visita prevista al inmueble no llegó a celebrarse porque la persona que ofrecía el alquiler no apareció y dejó de responder a las comunicaciones.
El afectado sospecha que esos datos pudieron acabar en manos de terceros. Por ahora, sin embargo, no hay una investigación públicamente conocida que establezca que el contacto relacionado con el alquiler participara en la presunta suplantación, ni que determine quién utilizó la documentación o quién pudo recibir los supuestos pagos.
La notaría de Barcelona y otra investigación previa
La documentación del caso menciona al notario barcelonés Sergi González Delgado, cuyo nombre aparece también en otras informaciones sobre opciones de compra inmobiliarias investigadas en Barcelona. El Periódico de Catalunya informó en octubre de 2025 de una causa judicial relativa a operaciones en las que varias personas vulnerables habrían creído contratar préstamos cuando en realidad firmaban opciones de compra sobre sus viviendas.
El mismo periódico publicó posteriormente que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública había instado a abrir un expediente disciplinario para examinar su actuación profesional. Estas investigaciones y actuaciones administrativas no constituyen una condena ni prueban que el notario participara en una suplantación de identidad en Málaga. No se ha acreditado públicamente una conexión penal entre ambas situaciones.
Además, el Boletín Oficial del Estado publicó el 28 de febrero de 2025 una resolución administrativa sobre la negativa a inscribir una opción de compra en otra finca de Barcelona, autorizada ante este notario. Es un expediente diferente del de Teatinos, pero ilustra que existen controversias registrales específicas en torno a determinadas cláusulas de esta clase de operaciones. Por su parte, González defendió públicamente la legalidad de las opciones de compra y de sus actuaciones, según recogió Crónica Global en noviembre de 2025.
¿Qué significa que exista una opción de compra inscrita?
Una opción de compra es un derecho que permite a quien lo ostenta adquirir un inmueble en las condiciones y dentro del plazo pactados, siempre que se cumplan los requisitos legales aplicables. No equivale automáticamente a ser propietario. La inscripción registral puede tener efectos frente a terceros, por lo que una opción discutida judicialmente exige examinar cuidadosamente la escritura, los asientos y las posibles medidas de protección.
En este caso, la cuestión esencial es si existió realmente consentimiento del dueño y si los documentos utilizados reflejan una comparecencia y una firma auténticas. La existencia de un asiento en el Registro no permite por sí sola resolver, desde fuera del procedimiento, una denuncia por posible falsedad o suplantación. Tampoco convierte en culpables a los supuestos compradores: el propio profesor admite que podrían haber actuado de buena fe y haber sido engañados por otras personas.
Cómo comprobar si hay cambios inscritos en una vivienda
Para conocer qué derechos, cargas o asientos constan sobre un inmueble puede solicitarse información en el Registro de la Propiedad. El Colegio de Registradores ofrece en su sede electrónica consultas registrales y servicios de alertas al titular sobre novedades relacionadas con sus propiedades. La nota simple permite obtener información registral, aunque no reemplaza el asesoramiento jurídico ante una operación impugnada.
Si una persona detecta que se han utilizado sus datos para efectuar trámites que no reconoce, conviene conservar la documentación recibida, acudir a la Policía o a la autoridad judicial y buscar asesoramiento profesional para valorar, entre otras actuaciones, las medidas registrales y judiciales que procedan. La respuesta jurídica depende de las circunstancias y no puede resolverse de forma automática.
Una denuncia abierta y un plazo que se agota
Por el momento, la información disponible no permite identificar a los presuntos autores de la suplantación ni confirmar que el dinero invocado por los compradores llegase al profesor o a una cuenta gestionada por terceras personas. Tampoco hay datos públicos que acrediten la existencia de otros propietarios perjudicados en Málaga por el mismo mecanismo.
Francisco Rodríguez mantiene su negativa a vender la vivienda y ha recurrido a los tribunales para defender su posición. A fecha de este 12 de octubre de 2026, la referencia inmediata sigue siendo el 21 de octubre, cuando vence el plazo comunicado para la opción de compra. Será la investigación y, en su caso, la intervención de la Justicia la que determine la validez de la documentación, el alcance de la inscripción y las responsabilidades que pudieran derivarse.
Fuentes consultadas
- Málaga Hoy, 12 de octubre de 2026: investigación original y documentación descrita del caso de Teatinos.
- El Periódico de Catalunya, 8 de octubre de 2025: investigación judicial separada en Barcelona.
- El Periódico de Catalunya, 11 de octubre de 2025: expediente disciplinario.
- BOE-A-2025-4021: resolución registral sobre otro asunto.
- Crónica Global, 4 de noviembre de 2025: posición del notario.
- Registradores de España: consulta y alertas de información registral.