Una vivienda puede aparecer en el mercado sin que su verdadero propietario haya decidido venderla. Abogados que trabajan en casos de fraude inmobiliario en la Costa del Sol alertan de operaciones en las que terceros se hacen pasar por los dueños, utilizan documentación presuntamente falsificada y tratan de culminar compraventas sin la autorización de quienes figuran legítimamente como titulares. El riesgo afecta especialmente a inmuebles que pasan largos periodos desocupados, entre ellos segundas residencias y villas de alto valor económico.
La advertencia, difundida este domingo 18 de octubre, pone el foco en Marbella, Estepona y otros municipios de la provincia de Málaga. Los profesionales consultados por Málaga Hoy describen procedimientos que van más allá de publicar anuncios engañosos: se apoyan en identidades usurpadas, documentos de propiedad y, en determinados casos denunciados, personas que comparecen haciéndose pasar por los auténticos titulares.
Las declaraciones de estos letrados no permiten establecer cuántas operaciones se han cometido ni atribuir todos los casos conocidos a una misma organización. Sí describen una modalidad delictiva que puede causar a las víctimas un problema patrimonial y judicial de gran alcance, incluso cuando la supuesta venta llega a detectarse.
Viviendas vacías y propietarios que pasan meses fuera de España
Los inmuebles en los que el dueño reside fuera de España durante parte del año presentan una vulnerabilidad particular: quienes intentan aprovecharse de su ausencia disponen, en principio, de más tiempo para aparentar el control de la propiedad o tramitar documentos sin que el titular conozca inmediatamente los movimientos. Por eso, los abogados señalan entre las situaciones de riesgo las segundas residencias y villas cuyos propietarios extranjeros permanecen largos periodos lejos de la Costa del Sol.
El abogado Cecilio Sánchez, de Mercury Abogados, ha alertado de la existencia de estructuras dedicadas a este tipo de suplantaciones. Otro letrado, Miguel Ángel Escalante, de Escalante & Botello Abogados, sitúa el problema más allá del mercado de lujo de Marbella y advierte de operaciones que alcanzan distintos puntos de Málaga y su provincia. Sus testimonios describen a propietarios que, tras descubrir una compraventa que no reconocen, se enfrentan a procedimientos prolongados para discutir la documentación y defender sus derechos.
El valor de los inmuebles puede hacer especialmente atractivo el fraude: no se trata necesariamente de obtener pequeñas cantidades por una reserva ficticia, sino de intentar disponer de una propiedad ajena y captar el dinero de un comprador. También puede resultar perjudicado quien paga por un inmueble sin saber que la persona que se lo ofrece carece de facultades para venderlo.
Un caso investigado en Estepona y operaciones millonarias en Marbella
Uno de los asuntos relatados por los abogados afecta al propietario de una parcela de Estepona. Según el testimonio profesional recogido en la información publicada este domingo, el dueño descubrió que, durante su ausencia, otra persona se habría hecho pasar por él para intentar comercializar el terreno. El abogado que interviene en el asunto habla de un entramado todavía investigado en el que podrían estar implicadas alrededor de quince personas. Esa cifra es una estimación atribuida al letrado, no un balance oficial de detenidos ni de investigados judicialmente.
En Marbella, los profesionales alertan de transacciones con importes de millones de euros. En este tipo de operaciones, la existencia de contratos, poderes de representación y comparecencias notariales exige comprobar que quien actúa en nombre del propietario está verdaderamente autorizado. La mera presentación de un pasaporte, una copia documental o un poder que aparenta ser válido no elimina por sí sola el riesgo de una identidad suplantada.
Es importante separar la advertencia sobre posibles irregularidades documentales de una acusación general contra las notarías o los profesionales inmobiliarios. Cualquier intervención presuntamente irregular de una persona concreta debe acreditarse en el procedimiento correspondiente. La función de identificación y comprobación es precisamente una de las garantías de la compraventa, y los fraudes investigados tratan de sortear esos controles.
Cómo se desarrolla una venta que el dueño nunca autorizó
Los mecanismos relatados por los abogados tienen elementos comunes, aunque cada denuncia presenta circunstancias distintas. El primer paso suele consistir en identificar una finca susceptible de ser comercializada, obtener información sobre su titularidad y hacerse con datos personales o documentación suficiente para construir una apariencia de legitimidad. A partir de ahí, pueden falsificarse documentos identificativos, utilizarse representantes supuestamente autorizados o intervenir terceros que se presentan como titulares.
La operación puede llegar a plantearse ante compradores que no conocen la suplantación. El precio, la documentación mostrada o la apariencia de normalidad del procedimiento pueden facilitar que el fraude avance. Cuando el propietario descubre lo sucedido, la disputa deja de ser solamente una cuestión de recuperar documentos: puede incluir peticiones urgentes para impedir nuevas transmisiones, actuaciones penales y procedimientos civiles o registrales.
Uno de los escenarios jurídicos más delicados se produce si una propiedad aparentemente transmitida de forma irregular acaba en manos de un tercero que compra de buena fe y reúne los requisitos legales de protección registral. El artículo 34 de la Ley Hipotecaria establece una protección para determinadas adquisiciones onerosas realizadas confiando en quien figura con facultades para transmitir en el Registro y que después se inscriben. No significa que toda venta realizada mediante documentos falsos sea irreversible: la aplicación de esa protección depende de circunstancias y requisitos concretos, que deben examinar los tribunales.
El precedente próximo: un profesor de la UMA denuncia una opción de compra que no firmó
La alarma en el sector coincide con la denuncia de Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Málaga, que asegura no haber consentido una opción de compra sobre el piso en el que vive desde hace más de veinte años, en el barrio de Teatinos. Según la documentación y el testimonio difundidos públicamente, la operación se refiere a una vivienda vinculada a una opción de compra por 210.000 euros, cuya fecha señalada es el próximo 21 de octubre.
Rodríguez sostiene que no firmó ese acuerdo y ha emprendido acciones para evitar que se materialice una transmisión que rechaza. En una información posterior, publicada el 17 de octubre, se señaló que el notario al que acudieron los supuestos compradores había comunicado al profesor y a su abogado que no formalizaría la escritura tras conocer la denuncia. Este dato representa un cambio importante respecto a la situación inicialmente denunciada, aunque la cuestión registral y las actuaciones judiciales no quedan resueltas automáticamente por esa negativa.
El episodio ya fue abordado por EL CASO MÁLAGA en una noticia sobre la vivienda del profesor de la UMA. Su mención en esta información sirve como antecedente cercano, pero no hay datos públicos suficientes para vincularlo con la presunta estructura descrita por los abogados en otros municipios de la Costa del Sol.
Qué puede hacer el propietario si detecta movimientos que no reconoce
La revisión de la situación registral es una herramienta útil para quien tenga sospechas. La sede electrónica del Colegio de Registradores permite solicitar una nota simple, que informa sobre la titularidad inscrita y sobre determinados derechos y cargas que afectan a la finca. También existen servicios de alertas al titular para comunicar movimientos relacionados con inmuebles de su propiedad.
Si llega una comunicación sobre una opción de compra, un poder de representación, una venta o una solicitud que el titular no reconoce, conviene conservar los avisos y la documentación, comprobar su procedencia por canales oficiales y obtener asesoramiento jurídico con rapidez. Según las circunstancias, puede ser necesario denunciar la posible suplantación y solicitar medidas judiciales o registrales para impedir que avance una operación discutida.
Los compradores, por su parte, deben extremar la comprobación de la identidad y capacidad de quien vende, revisar la información registral actualizada y verificar directamente la validez de cualquier representación. Estas precauciones no garantizan por sí solas la ausencia de fraude, pero ayudan a detectar contradicciones antes de entregar dinero o formalizar compromisos.
La principal preocupación que trasladan los abogados consultados es el perjuicio que una identidad falsificada puede causar mucho después de que se haya detectado el intento de venta. En un mercado como el de Málaga, donde conviven propietarios residentes, inversores y titulares de segundas residencias, una operación aparentemente regular puede transformarse en una disputa prolongada sobre la titularidad y el destino de una vivienda.