El Gobierno de España ha dado este martes, 27 de octubre, un paso para facilitar la recuperación de las zonas afectadas por los últimos incendios forestales y temporales de Andalucía. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para cinco episodios registrados entre septiembre y octubre, entre ellos los incendios de Benahavís e Igualeja, en la provincia de Málaga, y las inundaciones ocurridas durante este mes.
La decisión llega después de semanas en las que familias, negocios y ayuntamientos han tenido que afrontar daños en viviendas, instalaciones, infraestructuras y otros bienes. La declaración permite activar o ampliar medidas de apoyo, pero hay una cuestión importante para quienes esperan recibir ayuda: la aprobación no supone que las compensaciones se concedan automáticamente. Los daños deberán acreditarse y cada solicitud tendrá que ajustarse a los requisitos de la línea correspondiente.
Los cinco episodios incluidos en la declaración
Según la nota de prensa de la Delegación del Gobierno en Andalucía, el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros abarca los siguientes sucesos:
- El incendio forestal de Benahavís (Málaga), iniciado el 13 de septiembre.
- El episodio de lluvias intensas en Almería del 16 de septiembre.
- El incendio forestal de Igualeja (Málaga), declarado el 27 de septiembre.
- Las inundaciones que afectaron a Andalucía el 2 de octubre.
- Las inundaciones del 17 de octubre en distintos puntos de Andalucía.
En Málaga, los incendios de Benahavís e Igualeja obligaron a movilizar amplios dispositivos de extinción y tuvieron consecuencias para las poblaciones próximas. EL CASO MÁLAGA informó en su momento de la extinción del incendio de Benahavís y del control del incendio forestal de Igualeja, así como de las restricciones y desalojos adoptados durante las emergencias.
Qué ayudas pueden solicitar los afectados
La Delegación del Gobierno señala que las personas y entidades que acrediten daños causados por alguno de los episodios incluidos pueden solicitar ya ayudas a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, siempre conforme a las condiciones establecidas para cada supuesto.
Las líneas citadas por el Gobierno contemplan perjuicios personales, daños materiales en viviendas y enseres, daños en establecimientos industriales, comerciales y de servicios, gastos asumidos por corporaciones locales y actuaciones de personas o entidades que hayan aportado medios o prestaciones para responder a la emergencia.
Para una familia con la casa anegada, por ejemplo, la declaración supone que existe un cauce administrativo al que acudir, aunque no permite anticipar una cantidad concreta ni garantiza por sí sola que vaya a aprobarse una solicitud. Será necesario justificar tanto los desperfectos como la relación con el episodio de emergencia correspondiente.
Belén y Zamara, el rostro de las inundaciones en El Palo que ha seguido EL CASO MÁLAGA
La decisión del Consejo de Ministros tiene también una lectura muy cercana para Málaga capital. Entre las personas que han sufrido las consecuencias del temporal están Belén Fernández y su pareja, Zamara, dos vecinas de El Palo cuya situación ha seguido de cerca EL CASO MÁLAGA desde que el agua arrasó parte de su vivienda en la avenida Miraflores del Palo durante la madrugada del 18 de octubre, tras el episodio de lluvias iniciado el día 17.
Su historia comenzó con una llamada de auxilio. La entrada de agua en la planta baja dejó dañados muebles, electrodomésticos, ropa y otras pertenencias imprescindibles para la vida diaria. También se derrumbó un muro. Ambas consiguieron salir antes de la caída de la estructura y, en medio de la limpieza y la incertidumbre, explicaron a este periódico que necesitaban ayuda urgente para recuperar unas condiciones mínimas de habitabilidad.
En los días siguientes, Belén y Zamara relataron las dificultades para retirar los escombros y expresaron sus quejas por el estado del alcantarillado. Señalaron una posible obstrucción de los sumideros y pidieron que se investigara su relación con la inundación. Esa posible causa no está acreditada mediante un informe técnico conocido por la redacción y no debe presentarse como un hecho probado.
El 21 de octubre, según contó Belén, recibieron la visita del concejal Carlos Conde, con quien abordaron la retirada de restos, las necesidades de la familia y la posibilidad de acceder a ayudas. En aquella conversación ya surgió la opción de una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una medida que ahora se ha aprobado para los episodios recogidos en el acuerdo estatal.
La última actualización facilitada por las afectadas a este medio, el 22 de octubre, confirmó la llegada de operarios y de una cuba para actuar en el entorno del muro y retirar escombros. Fue un avance concreto. También comunicaron que los Servicios Sociales municipales les habían ofrecido una ayuda económica y que Cáritas había planteado colaborar con compras de artículos necesarios. A fecha de aquella actualización, ninguno de esos dos ofrecimientos se había materializado todavía. Este periódico no dispone de una confirmación posterior que permita afirmar que ya hayan recibido esas prestaciones.
Belén y Zamara también trasladaron su agradecimiento a las personas, vecinos, entidades y profesionales que se habían implicado en ayudarlas. Su caso ilustra lo que significa afrontar una emergencia más allá del día de la lluvia: retirar barro y escombros, recuperar lo perdido y conseguir apoyo para volver a empezar.
La declaración aprobada ahora abre una vía para solicitar las ayudas estatales previstas, pero no supone la concesión automática de una indemnización a Belén y Zamara ni a otras familias damnificadas. La nota oficial no identifica beneficiarios individuales: será necesario acreditar los daños y cumplir los requisitos de cada procedimiento. La redacción seguirá diferenciando las actuaciones ya comprobadas de las ayudas pendientes de resolución o abono.
Posibles beneficios fiscales y medidas para ayuntamientos
Además de las ayudas de Protección Civil, el acuerdo abre la puerta a otras actuaciones de los ministerios. Hacienda deberá concretar la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en los casos que correspondan. La nota oficial también recuerda el tratamiento en el IRPF de las ayudas por daños personales.
Por su parte, Interior estudiará posibles exenciones de tasas para expedir de nuevo permisos de conducción y circulación, tramitar la baja de vehículos siniestrados o renovar el DNI cuando se haya perdido o destruido a consecuencia de la emergencia. Estas exenciones de tasas están en estudio, por lo que no deben darse todavía por concedidas.
Los ministerios competentes en empleo y Seguridad Social podrán desarrollar bonificaciones o exenciones de cuotas. En el ámbito municipal, Política Territorial prevé ayudas de hasta el 50 % del coste de los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
También se podrán impulsar actuaciones especiales y tramitar obras de emergencia en infraestructuras públicas dañadas, cuando concurran las condiciones previstas.
Qué ocurre a partir de ahora
El Gobierno explica que las medidas de recuperación podrán completarse cuando exista una evaluación más detallada de los daños, elaborada junto a las administraciones autonómicas y locales. Eso significa que no todas las ayudas están todavía definidas y que algunas decisiones pendientes deberán concretarse mediante los procedimientos correspondientes.
Para los afectados, lo esencial es conservar fotografías, informes, facturas y cualquier documento que permita acreditar los daños, además de consultar los requisitos y la documentación exigida por Protección Civil antes de presentar la solicitud. El comunicado facilitado este martes no fija en su texto una cuantía general de indemnización ni un plazo único de solicitud aplicable a todos los casos.
Fuente: Delegación del Gobierno en Andalucía. Nota de prensa oficial del Ministerio del Interior, 27 de octubre de 2026.