En la tarde del 23 de septiembre de 1996, varios agentes de la Brigada de Estupefacientes seguían desde sus posiciones lo que ocurría en las inmediaciones del número 72 de la calle Conrado del Campo, en la barriada malagueña de Huerta del Correo. La operación acabó convirtiéndose en una causa por tráfico de drogas que recorrería tres instancias judiciales: la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y, finalmente, el Tribunal Constitucional.
Según los hechos que la Audiencia Provincial de Málaga consideró probados, dos hombres participaban en las operaciones de venta de sustancias estupefacientes a terceros. Los agentes observaron contactos con compradores, entregas de dinero y movimientos alrededor de la vivienda. A varios de quienes abandonaban el lugar se les intervinieron pequeñas dosis de una mezcla de heroína y cocaína. La vigilancia también incluyó una grabación policial.
Una vigilancia en la calle Conrado del Campo
La intervención se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1996 en las proximidades del número 72 de Conrado del Campo. Según la relación de hechos que figura en la sentencia constitucional, agentes de la Brigada de Estupefacientes observaron contactos con compradores y entregas de dinero. La Policía interceptó a varias personas que acababan de abandonar la zona y les ocupó cinco papelinas con una mezcla de heroína y cocaína. Hubo también una grabación realizada durante las labores de vigilancia.
No fue, por tanto, un procedimiento sustentado exclusivamente en que alguien encontrara droga en un bolsillo. La Audiencia tuvo que valorar lo que habían visto los agentes, la actuación de las personas investigadas y lo que dijeron quienes supuestamente habían comprado la sustancia. Ese conjunto de elementos formó el núcleo de la acusación.
El problema de los testimonios
Al llegar el juicio, no todas las declaraciones coincidieron con lo que se había dicho antes. Uno de los compradores modificó su versión y otro no pudo comparecer. La defensa cuestionó entonces que las manifestaciones realizadas durante la investigación pudieran utilizarse para fundamentar una condena. No era una cuestión menor: el acusado tiene derecho a discutir la prueba en su contra y a que su culpabilidad no se dé por supuesta.
La Audiencia Provincial apreció, sin embargo, que había más elementos probatorios. Los policías declararon sobre sus propias observaciones y uno de los agentes explicó la grabación que había practicado. La controversia continuó porque las defensas entendieron que la prueba seguía siendo insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. El caso pasó así de la discusión sobre unas ventas concretas a un debate sobre las garantías del juicio penal.
Dos condenas y un recurso al Supremo
El 18 de febrero de 1998, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Manuel Dueñas Bernal y Rafael Ruiz Molina a tres años y seis meses de prisión y multa de 30.000 pesetas a cada uno. La sentencia recogió las operaciones de vigilancia y las declaraciones que el tribunal había considerado relevantes. Los acusados recurrieron ante el Tribunal Supremo, que rechazó la casación el 24 de septiembre de 1999.
El procedimiento todavía no había concluido. Los condenados promovieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Alegaron que la valoración de los testimonios y otras pruebas vulneraba su derecho a la presunción de inocencia. La nueva revisión no se proponía repetir el juicio de Málaga, sino determinar si el proceso había respetado los derechos fundamentales invocados por los recurrentes.
Qué resolvió el Tribunal Constitucional
La Sala Primera dictó la sentencia 219/2002 el 25 de noviembre de 2002, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 20 de diciembre. El tribunal denegó el amparo. Consideró que las declaraciones cuestionadas no constituían el único soporte de la condena y que el resto de la prueba, discutida en el procedimiento, permitía mantener el pronunciamiento. De este modo, la resolución constitucional cerró la vía de amparo sin anular las condenas.
La enseñanza del caso no es que cualquier declaración policial sirva para condenar. Lo relevante es cómo se introducen las manifestaciones anteriores en el juicio, qué posibilidad tiene la defensa de cuestionarlas y si existen otros datos que las corroboren. Esos elementos explican por qué el expediente de una vigilancia en Huerta del Correo terminó siendo estudiado por el máximo intérprete de la Constitución.
Una calle de Málaga en la jurisprudencia
Que Conrado del Campo aparezca en una resolución del Tribunal Constitucional no transforma a Huerta del Correo en una barriada definida por la delincuencia. La causa se refiere a unas personas y a una intervención concreta. La localización aporta contexto, como también lo hacen la fecha de la vigilancia y los sucesivos fallos, pero no permite extender sospechas a quienes vivían allí entonces ni a quienes residen hoy.
Entre septiembre de 1996 y noviembre de 2002 transcurrieron más de seis años. Ese tiempo muestra la distancia que puede existir entre una operación policial y el cierre de una controversia sobre derechos fundamentales.