Una asistencia técnica en un establecimiento del sector tecnológico ha permitido a la Policía Nacional destapar un caso de presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil en Málaga capital. El investigado, un hombre de 43 años, ha sido detenido después de que los agentes de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial hallaran indicios de que utilizaba su ordenador para descargar, almacenar y compartir este tipo de archivos a través de Internet.
La investigación, conocida este jueves 5 de noviembre, se ha saldado con la intervención de 14 dispositivos de almacenamiento de información en los que los agentes encontraron miles de archivos de contenido ilegal. El arrestado ya ha sido puesto a disposición judicial, según ha comunicado la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental.
Una reparación informática dio origen a la investigación
El caso comenzó fuera del ámbito policial. Un hombre había acudido a un comercio especializado para solicitar asistencia técnica sobre un equipo informático. Durante esa intervención surgió una información que acabó llegando a la Policía Nacional gracias a la colaboración de una empresa del sector tecnológico.
Ese aviso resultó determinante para que los especialistas pudieran iniciar las comprobaciones. La Policía no ha difundido la identidad del establecimiento ni ha especificado en qué consistía exactamente el servicio solicitado. Lo que sí confirma es que la colaboración permitió descubrir indicios de un posible delito relacionado con la explotación sexual de menores.
A partir de ahí, la investigación pasó a manos de los ciberagentes de la Comisaría Provincial de Málaga. El primer análisis del ordenador sospechoso reveló, según la nota oficial, que su propietario lo habría utilizado para la descarga, conservación y distribución de los archivos.
Programas para compartir archivos entre usuarios
Los investigadores detectaron en el equipo programas informáticos preparados para descargar archivos mediante redes denominadas peer to peer (P2P). Este sistema permite intercambiar información directamente entre equipos de distintos usuarios, sin que todo el contenido tenga que pasar por un único servidor central.
La presencia de esos programas no supone por sí misma un delito: son herramientas que también pueden emplearse para intercambiar archivos legales. En esta investigación, sin embargo, los agentes relacionaron su uso con la descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, conforme a los indicios obtenidos durante las pesquisas.
La Policía Nacional atribuye al detenido la presunta comisión de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, denominación que figura en la comunicación policial. El procedimiento deberá determinar el alcance de su participación y las responsabilidades penales que, en su caso, correspondan.
Registro judicial en un domicilio de Málaga capital
Con los primeros indicios reunidos, los investigadores solicitaron autorización judicial para entrar y registrar el domicilio del sospechoso, situado en Málaga capital. Una vez concedida, llevaron a cabo la diligencia y se incautaron de 14 dispositivos de almacenamiento masivo de información.
El examen de estos soportes permitió localizar miles de archivos que la Policía identifica como material de explotación sexual de menores. La nota no detalla qué tipos de dispositivos eran, cuál era su capacidad de almacenamiento o el volumen exacto de información intervenida.
Tampoco se ha facilitado un desglose de los archivos que, según la investigación, se habrían distribuido a terceros frente a aquellos que estaban almacenados. Ese análisis resulta relevante para delimitar los hechos que se atribuyen al detenido y forma parte del trabajo especializado que requieren las investigaciones sobre delitos cometidos mediante equipos informáticos.
El detenido, a disposición judicial
Tras practicar las diligencias, la Policía Nacional arrestó al hombre de 43 años y lo puso a disposición judicial. La comunicación oficial no concreta qué órgano judicial se ha hecho cargo del procedimiento ni informa de una decisión posterior sobre su situación personal.
Por el momento, no se ha comunicado la existencia de otras personas investigadas en este caso. La operación se ha dado a conocer poniendo de relieve la colaboración ciudadana y empresarial como punto de partida de la actuación policial. Fue esa información inicial la que permitió a los especialistas seguir el rastro del ordenador hasta solicitar el registro del domicilio.
La investigación continúa su recorrido judicial con los dispositivos intervenidos y los indicios obtenidos por los agentes. El detenido mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme que establezca su responsabilidad.