La Unión Federal de Policía (UFP) ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de conocer la decisión que el sindicato atribuye al Ministerio de prohibir el uso de agentes químicos lacrimógenos en futuros dispositivos de control de manifestaciones. La organización ha hecho pública su protesta tras la huelga general del 11 de noviembre y también ha criticado la orden de investigar las intervenciones policiales de aquella jornada.
El sindicato considera que la respuesta del Ministerio pone el foco en los agentes que participaron en los dispositivos de seguridad, en lugar de ofrecerles el respaldo que reclama la organización. En su comunicado habla de una jornada marcada por incidentes, detenciones, alteraciones del orden público y agresiones a policías, y rechaza que la actuación de los funcionarios sea objeto de reproches políticos.
La UFP sostiene que los policías actuaron para mantener la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos. La organización lamenta que las medidas anunciadas se centren en sus herramientas de intervención y reclama que las decisiones relacionadas con el material policial se adopten escuchando a quienes trabajan en la calle.
El sindicato aclara que no se opone a que se investiguen posibles irregularidades durante una intervención. Su rechazo se dirige a la restricción general de medios policiales sin una evaluación técnica transparente y sin contar, según denuncia, con los profesionales encargados de los dispositivos de orden público.
En el comunicado, la UFP defiende que los agentes químicos forman parte de los recursos utilizados por distintas fuerzas policiales europeas, siempre sujetos a condiciones y protocolos de empleo. La organización pide que cualquier revisión de estos medios se apoye en criterios técnicos, operativos y de seguridad.
Los representantes sindicales plantean además la necesidad de disponer de alternativas para intervenir ante grupos violentos, mantener la distancia durante los enfrentamientos y reducir el contacto físico. La UFP insiste en que la seguridad de los agentes y de los ciudadanos debe ocupar un lugar central en las decisiones sobre material antidisturbios.
El comunicado también recupera otras reivindicaciones de los policías, como la mejora de los medios de protección, una jubilación digna y el reconocimiento de la profesión como actividad de riesgo. El sindicato reprocha a Marlaska la falta de respuestas a estas peticiones y contrapone esa situación a la rapidez con la que, a su juicio, se han planteado las nuevas restricciones.
La organización recuerda que los agentes no deciden la convocatoria de las huelgas ni elaboran las leyes, sino que intervienen cuando son requeridos para garantizar el orden y la seguridad. La nota concluye con una petición expresa de dimisión del ministro del Interior y el rechazo a que las condiciones de trabajo de los policías queden sometidas a decisiones políticas.