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Indemnizan con 7.501 euros a un vigilante de Urbanismo de Málaga por represalias de su empresa

Una sentencia firme del Juzgado de lo Social 11 de Málaga condena a Secoex a indemnizar a un vigilante de la sede municipal de Urbanismo por vulnerar sus derechos.

Portada de El Caso Málaga: vigilante de Urbanismo indemnizado con 7.501 euros por represalias laborales. Composición gráfica.
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Un vigilante de seguridad que trabajaba en el edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga ha recibido una indemnización de 7.501 euros por las represalias laborales ejercidas contra él por la empresa Secoex. Una sentencia firme del Juzgado de lo Social número 11 de Málaga reconoce la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad, vinculada a las reclamaciones y actuaciones emprendidas para defender sus derechos.

El trabajador, José Antonio Sánchez Molina, prestaba servicio en el Edificio Múltiple de Servicios Municipales, situado en el paseo de Antonio Machado. Es presidente de la asociación Marea Negra, un colectivo de profesionales de la seguridad privada, y forma parte del comité de empresa. Su actividad representativa y las actuaciones promovidas frente a la compañía ocupan un lugar central en la controversia resuelta por el juzgado.

Una sentencia anterior tardó más de un año en cumplirse

Entre las circunstancias examinadas figura el retraso de más de un año y cuatro meses en dar cumplimiento a una resolución judicial de 2023 que reconocía al vigilante la categoría salarial de coordinador del servicio. Pese a ese reconocimiento, la empresa tampoco le encomendó efectivamente las funciones correspondientes a dicha categoría, según los hechos recogidos en la sentencia.

La asociación que preside el trabajador había denunciado a Secoex ante la Diputación de Cáceres por supuestos casos de intrusismo. La resolución relaciona las represalias apreciadas con la defensa de sus derechos y con su actividad profesional y representativa.

El conflicto también estuvo marcado por las condiciones de trabajo denunciadas por Sánchez Molina. Según ha relatado el propio vigilante, dejó de poder realizar horas extraordinarias mientras otros compañeros sí las hacían y sufrió aislamiento en el puesto, hasta el punto de que, afirma, se dieron indicaciones para que otros trabajadores no se dirigieran a él.

El trabajador recurrió a atención psicológica y psiquiátrica

Sánchez Molina ha explicado que la situación terminó afectando a su salud y que necesitó asistencia psicológica y psiquiátrica. Los informes médicos formaron parte de la documentación aportada durante su reclamación judicial.

El Juzgado de lo Social número 11 reconoció una indemnización de 7.501 euros en concepto de daños morales. La resolución estimó parcialmente la prescripción planteada por Secoex y fijó como periodo susceptible de examen el comprendido desde junio de 2024, dejando fuera conductas anteriores.

El tribunal no acogió todas las pretensiones del demandante. Rechazó la alegación de vulneración del principio general de igualdad al no apreciarse una causa de discriminación específica de las previstas legalmente. Tampoco consideró que la modificación de una póliza médica de empresa constituyera una represalia individual, al tratarse de una medida que afectó a toda la plantilla.

La empresa ya ha abonado la indemnización

Secoex ya ha abonado los 7.501 euros establecidos por el juzgado. El vigilante ha trasladado la sentencia a la Inspección de Trabajo para que examine los hechos desde el ámbito de sus competencias y también ha remitido documentación a la Unidad Central de Seguridad Privada.

El trabajador mantiene, además, otra reclamación distinta frente a una empresa posterior que se hizo cargo del servicio de vigilancia. Según ha explicado, reclama aproximadamente 14.800 euros por cuatro meses de salarios impagados. Esa reclamación no forma parte de la indemnización de 7.501 euros impuesta a Secoex.

Un servicio de vigilancia con antecedentes de conflictos laborales

El edificio municipal del paseo Antonio Machado alberga la Gerencia de Urbanismo y otras dependencias del Ayuntamiento de Málaga. El servicio de vigilancia del inmueble ha atravesado distintos cambios de contrata y conflictos laborales en los últimos años.

A comienzos de 2026, el Ayuntamiento inició la resolución del contrato entonces vigente con otra adjudicataria por incumplimientos relacionados con la cobertura de turnos y la dotación de vigilantes. La Policía Local tuvo que asumir temporalmente tareas de seguridad en el inmueble hasta la contratación de un servicio provisional. Aquellos problemas correspondían a una contrata posterior distinta de Secoex y no deben confundirse con las represalias examinadas en esta sentencia.

La condena ahora conocida se refiere al conflicto individual de Sánchez Molina con Secoex y reconoce una lesión de sus derechos en el trabajo. Tras adquirir firmeza el fallo y haberse satisfecho la indemnización, el vigilante ha continuado trasladando la documentación a los organismos competentes.