El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha respaldado la decisión de un colegio de Málaga capital de poner fin al contrato de un profesor de Secundaria durante el periodo de prueba. La resolución tiene en cuenta, entre otros comportamientos recogidos como hechos probados, que el docente agarró del cuello a un alumno para echarlo de clase y lo llamó «gallina», un episodio que fue denunciado por la madre del menor.
La sentencia, conocida a través de una información publicada este domingo por Málaga Hoy, desestima el recurso del trabajador contra la decisión del centro. El profesor defendía que había sido apartado por su próxima paternidad, pero la Sala considera acreditados otros motivos ajenos a esa circunstancia.
Las quejas por el trato a los alumnos
Los hechos se remontan al curso 2023-2024, cuando el docente impartía Filosofía en un colegio concertado bilingüe de Málaga. Según la relación de hechos probados que reproduce el citado periódico, su manera de dar clase había generado reproches por una actitud pasiva ante el alumnado.
La sentencia recoge que dejaba a los estudiantes leyendo un libro sin contestar a las preguntas que planteaban y que les manifestaba que cobraría lo mismo tanto si aprendían como si no. A ello se sumó el incidente con el alumno al que agarró del cuello para expulsarlo del aula y al que dirigió el calificativo «gallina».
La conducta con el estudiante llegó a conocimiento del centro después de la denuncia de su madre. Son circunstancias que figuran en el procedimiento laboral como elementos valorados a la hora de examinar la decisión empresarial. La resolución citada corresponde a un litigio laboral sobre la terminación del contrato; no debe confundirse con una sentencia penal contra el profesor por el episodio ocurrido en clase.
Un contrato firmado en octubre de 2023
El docente comenzó a prestar servicios en octubre de 2023. Su contrato era indefinido, a jornada completa, e incluía un periodo de prueba de diez meses conforme al convenio aplicable, según la información judicial publicada.
En enero de 2024 comunicó por correo electrónico al colegio que su esposa estaba embarazada y que el nacimiento se esperaba para mediados de julio. Meses después, el 28 de junio de 2024, la empresa le notificó la rescisión de la relación laboral por no haber superado el periodo de prueba.
La proximidad entre la fecha del cese y el nacimiento previsto llevó al trabajador a acudir a la Justicia. Consideraba que había existido una represalia vinculada a su paternidad y pidió que se declarase nula la decisión, con su readmisión y el pago de los salarios dejados de percibir. También reclamó 10.000 euros por daños y perjuicios y, subsidiariamente, solicitó que la extinción se considerara improcedente.
Por qué el tribunal descarta la discriminación
El colegio sostuvo que el cese no respondía a la situación familiar del profesor, sino a la falta de adaptación al puesto y al trato que mantenía con los estudiantes. La Sala de lo Social del TSJA ha confirmado el criterio que ya había mantenido el Juzgado de lo Social número 11, al entender que la rescisión obedecía a causas distintas de las discriminatorias alegadas por el empleado.
El tribunal avala, en consecuencia, la finalización válida de la relación laboral durante el periodo de prueba. Esta conclusión no significa que una empresa pueda extinguir cualquier contrato amparándose sin más en ese periodo: cuando se acredita una vulneración de derechos fundamentales, la situación puede tener una respuesta jurídica diferente. En este procedimiento concreto, los magistrados no aprecian la discriminación denunciada.
Las cantidades que sí deberá abonar el colegio
Aunque el profesor no consigue que se anule el cese, la resolución reconoce cantidades económicas a su favor. El centro deberá abonarle 1.407,68 euros en concepto de indemnización prevista en el convenio colectivo y otros 1.962,44 euros por vacaciones no disfrutadas, según los extremos de la sentencia publicados.
La resolución mantiene así la validez de la extinción contractual y, al mismo tiempo, diferencia esa cuestión de las obligaciones económicas pendientes con el trabajador. El caso ha llegado al TSJA después de que el docente recurriera la decisión inicialmente examinada en la jurisdicción social de Málaga.
Fuente: información sobre la resolución judicial y hechos probados difundida por Málaga Hoy, 22 de noviembre de 2026.