Seúl (Corea del Sur). La Policía surcoreana ha solicitado a la Fiscalía que impute a siete funcionarios del Ministerio de Transportes por su actuación tras el accidente del vuelo de Jeju Air ocurrido en diciembre de 2024 en el aeropuerto internacional de Muan, el siniestro aéreo más mortífero registrado en el país desde 1997.
La investigación apunta a documentos oficiales
Los siete funcionarios están siendo investigados por su participación en la elaboración de comunicados oficiales que sostenían que los localizadores instalados junto a la pista cumplían la normativa nacional e internacional. La Policía considera que esa afirmación no era correcta y ha remitido el caso a los fiscales por un posible delito de falsificación de documentos oficiales.
De prosperar la acusación, la legislación surcoreana contempla penas de hasta siete años de prisión. El Ministerio de Transportes no ha realizado comentarios sobre el anuncio policial.
Un accidente con 179 fallecidos
El Boeing 737-800 de Jeju Air se salió de la pista de Muan después de aterrizar sin el tren de aterrizaje desplegado y terminó impactando contra una estructura de hormigón situada al final de la pista. De las 181 personas que viajaban a bordo, solo dos sobrevivieron.
Los investigadores han encontrado indicios de impacto con aves en los motores. Además, las dos cajas negras dejaron de registrar datos aproximadamente cuatro minutos antes del choque. Una parte relevante del debate técnico se ha centrado en la estructura de hormigón que alojaba el sistema localizador, diseñada para ayudar a las aeronaves durante la aproximación.
Casi 70 personas siguen bajo investigación
La Policía mantiene abiertas diligencias sobre cerca de 70 personas, entre ellas responsables relacionados con la instalación de los localizadores y con la gestión del aeropuerto. Hasta ahora no se había producido ninguna imputación penal formal por el accidente.
La investigación busca determinar si hubo responsabilidades administrativas o penales más allá de las causas técnicas inmediatas del siniestro. La Fiscalía deberá decidir ahora si acepta la petición policial y presenta cargos contra los siete funcionarios.