Manuel Delgado Villegas, conocido como «El Arropiero», es uno de los nombres más desconcertantes de la crónica negra española del siglo XX. Su caso combina una sucesión de homicidios atribuidos, confesiones de fiabilidad desigual, investigaciones repartidas por distintos puntos de España y una circunstancia jurídica extraordinaria: pasó alrededor de 26 años privado de libertad sin llegar a ser juzgado ni condenado por los crímenes que se le imputaban.
La historia empezó a adquirir dimensión nacional después de su detención, el 18 de enero de 1971, en El Puerto de Santa María (Cádiz). La policía lo investigaba por la muerte de Antonia Rodríguez Relinque, una joven con la que mantenía una relación. Durante los interrogatorios, Delgado Villegas comenzó a atribuirse otros homicidios cometidos en lugares y momentos diferentes. La lista creció hasta convertirlo, en los archivos policiales y en la prensa de la época, en un supuesto asesino itinerante de una magnitud desconocida hasta entonces en España.
El origen de «El Arropiero»
El apodo procedía de su relación con la venta de arrope, un producto dulce elaborado tradicionalmente a partir de mosto o fruta cocida. Delgado llevaba una vida inestable, con trabajos ocasionales y desplazamientos frecuentes. Esa movilidad fue uno de los elementos que complicó la investigación cuando comenzó a señalar lugares muy alejados entre sí como escenarios de otros posibles crímenes.
Incluso algunos datos biográficos básicos aparecen de forma contradictoria en la documentación de la época. Distintos expedientes manejaron fechas de nacimiento diferentes, un detalle que ilustra hasta qué punto el caso estuvo rodeado de archivos fragmentarios, traslados entre instituciones y procedimientos acumulados durante décadas.
Una detención que abrió una cadena de investigaciones
Tras el arresto en Cádiz, los interrogatorios tomaron una dirección inesperada. Delgado Villegas empezó a relatar muertes ocurridas en diferentes provincias y a ofrecer detalles sobre escenarios que, según los investigadores, en algunos casos podían contrastarse. Sin embargo, no todas las autoinculpaciones tenían el mismo valor. La propia policía llegó a sospechar que algunas confesiones podían responder al deseo de protagonismo, a alteraciones mentales o a la tendencia del detenido a atribuirse hechos que conocía por otros medios.
Por ese motivo conviene distinguir tres conceptos que durante años se mezclaron en titulares y relatos populares: los crímenes que él dijo haber cometido, los homicidios que la policía llegó a relacionar con su figura y los hechos que habrían podido considerarse judicialmente probados. En el caso de El Arropiero, esta última categoría nunca llegó a existir en forma de sentencia, porque no se celebró el juicio penal que pudiera establecer con garantías qué hechos eran realmente suyos.
Hasta 22 muertes atribuidas, pero ninguna sentencia
Las investigaciones llegaron a vincularlo con una veintena larga de muertes y diversas fuentes judiciales y periodísticas hablaron de hasta 22 asesinatos imputados o atribuidos. Ese número terminó convertido en una cifra emblemática del caso. Sin embargo, la magnitud del expediente no debe confundirse con una condena por 22 homicidios: Delgado Villegas nunca fue juzgado por ellos.
La dificultad para reconstruir crímenes cometidos años antes, en lugares muy distintos y con medios forenses muy inferiores a los actuales, impidió obtener en numerosos episodios pruebas materiales concluyentes. A ello se sumaba el estado mental del acusado y la valoración de los especialistas que lo examinaron.
El sumario 24/78 y una decisión judicial excepcional
Las causas abiertas en distintos puntos terminaron refundidas en un procedimiento de la Audiencia Nacional, el sumario 24/78. En junio de 1978, la Sección Segunda acordó el archivo provisional y el internamiento de Delgado Villegas en un establecimiento psiquiátrico penitenciario al considerar que padecía trastornos mentales que impedían continuar el proceso en condiciones ordinarias.
La consecuencia práctica fue extraordinaria: el acusado siguió internado año tras año sin una sentencia penal. Pasó por diferentes instituciones penitenciarias y psiquiátricas mientras la causa permanecía bloqueada. A comienzos de los años noventa, cuando llevaba más de dos décadas encerrado, la situación provocó nuevas actuaciones judiciales y un debate público sobre la legalidad y proporcionalidad de mantener indefinidamente privado de libertad a alguien que formalmente no había sido condenado.
El caso llegó a Estrasburgo
La situación de El Arropiero fue examinada también desde la perspectiva de los derechos humanos. En 1991 se conoció que la Comisión Europea de Derechos Humanos había admitido a trámite una demanda relacionada con su prolongado internamiento sin juicio. El asunto puso el foco en una paradoja difícil de ignorar: era presentado habitualmente como uno de los mayores criminales de la historia española, pero su certificado de antecedentes penales no reflejaba una condena por aquellos hechos.
Un año después, la Audiencia Nacional volvió a plantearse la posibilidad de juzgarlo. La iniciativa llegó después de más de 21 años de reclusión, cuando parte de las pruebas eran ya muy antiguas y el estado del acusado seguía siendo determinante. El juicio definitivo nunca llegó a celebrarse.
¿Fue realmente el mayor asesino en serie de España?
La etiqueta se ha repetido durante décadas, pero exige matices. Desde el punto de vista mediático y policial, pocas figuras acumularon tantas muertes atribuidas. Desde el punto de vista judicial, en cambio, no existe una sentencia que permita afirmar que cometió todas aquellas muertes. Es precisamente esa distancia entre la leyenda criminal y la certeza procesal la que convierte su historia en un caso singular.
El expediente también muestra las enormes limitaciones de la investigación criminal en una época sin bases de datos interconectadas, análisis genético, sistemas modernos de identificación y técnicas actuales de perfilación. Relacionar un cadáver hallado en una provincia con un sospechoso detenido a cientos de kilómetros podía depender de testimonios, archivos en papel y coincidencias difíciles de verificar.
Veintiséis años entre prisiones y centros psiquiátricos
Delgado Villegas permaneció recluido durante aproximadamente 26 años. El tiempo transcurrido terminó siendo casi tan relevante como los propios crímenes atribuidos. Su historia se convirtió en una anomalía procesal: un hombre sobre el que pesaban acusaciones gravísimas, pero que no recibió una sentencia que estableciera su responsabilidad penal caso por caso.
En sus últimos años estuvo vinculado a centros penitenciarios y psiquiátricos de Cataluña. En enero de 1998 ingresó en el Hospital Germans Trias i Pujol, conocido como Can Ruti, en Badalona, debido a una afección pulmonar. Murió el 2 de febrero de 1998, con el proceso penal todavía sin haber culminado en juicio.
Lo que está probado y lo que permanece en la niebla
La figura de El Arropiero suele aparecer acompañada de listas de víctimas, reconstrucciones televisivas y relatos que mezclan investigación, confesiones y leyenda. Para contar el caso con rigor es imprescindible separar esos niveles. Está documentado que fue detenido en 1971, que se atribuyó numerosos homicidios, que las autoridades llegaron a imputarle alrededor de 22 muertes, que las causas se acumularon en la Audiencia Nacional y que pasó décadas internado sin condena.
Lo que nunca pudo establecer una sentencia es cuántos de aquellos crímenes fueron realmente cometidos por él. Esa ausencia de resolución judicial obliga a utilizar expresiones como «crímenes atribuidos» o «homicidios imputados» cuando se habla del conjunto del caso.
Una pieza clave de la crónica negra española
Más de medio siglo después de su detención, El Arropiero continúa apareciendo en estudios, documentales y libros sobre criminalidad española. No solo por la violencia que se le atribuyó, sino por las preguntas jurídicas y policiales que dejó abiertas. Su expediente es un recordatorio de que una investigación criminal no termina con una confesión y de que incluso el sospechoso más inquietante debe ser sometido a un proceso que permita distinguir hechos probados de acusaciones.
En el imaginario popular quedó la figura de un asesino errante que habría recorrido España dejando una estela de muertes. En los archivos judiciales quedó algo mucho más complejo: un acusado de numerosos homicidios que murió sin que un tribunal llegara a determinar definitivamente su responsabilidad penal.