ACTUALIZACIÓN | 17 de septiembre de 2026. El Ministerio del Interior ha difundido nuevos datos oficiales sobre la investigación de la Policía Nacional en Ceuta contra una organización que presuntamente se lucraba de la vulnerabilidad de personas migrantes recién llegadas a la ciudad. Los investigados llegaron a cobrar hasta 900 euros al mes por dormir en garajes y otros espacios sin condiciones adecuadas, y ofrecían traslados clandestinos a la Península por cantidades de hasta 6.000 euros.
La información oficial añade además elementos que no se conocían cuando El Caso Málaga publicó inicialmente esta investigación: cobros por servicios básicos, una estructura de intermediarios, amenazas y coacciones para imponer la ley del silencio y evitar que las víctimas colaborasen con la Policía.
Hasta una veintena de personas en garajes y trasteros
Según el Ministerio del Interior, las pesquisas comenzaron después de detectarse la presencia reiterada de migrantes en las zonas comunes de un garaje comunitario situado en las inmediaciones de la barriada del Príncipe. Los vecinos habían alertado de que varias personas pernoctaban en el suelo, ocupando plazas de estacionamiento y otros espacios que no reunían condiciones adecuadas de habitabilidad.
En determinados momentos, el número de personas que habría utilizado estas instalaciones como lugar para dormir llegó a situarse en torno a una veintena. Los investigadores sostienen que esta situación habría permitido a los responsables obtener importantes ingresos económicos.
30 euros al día y hasta 900 al mes
Las declaraciones recabadas por la Policía apuntan a que algunos alojamientos se ofrecían por cantidades próximas a 30 euros diarios, lo que podía alcanzar los 900 euros mensuales. Las personas alojadas permanecían en plazas de garaje, trasteros y otras dependencias sin condiciones mínimas.
La investigación también ha constatado presuntos cobros adicionales por necesidades básicas. Determinados colchones o mantas habrían sido condicionados al pago íntegro de las cantidades exigidas y, según Interior, se llegaban a cobrar entre cinco y diez euros simplemente por realizar una carga completa de un teléfono móvil.
Traslados a la Península por hasta 6.000 euros
La estructura investigada no se habría limitado al alojamiento. La Policía sostiene que también se ofrecía a los migrantes la posibilidad de ser trasladados de manera irregular desde Ceuta a la Península por cantidades que podían alcanzar los 6.000 euros.
Los agentes han identificado distintos cometidos dentro de la organización: captación de personas recién llegadas, gestión de pagos, traslado hasta los lugares de alojamiento y tareas de control. Esa distribución de funciones habría permitido mantener una red de intermediarios alrededor de los responsables principales.
Amenazas de muerte y coacciones
Uno de los aspectos más graves de la ampliación oficial de la investigación son los testimonios de algunas de las víctimas. Varias personas aseguraron haber recibido instrucciones para ocultarse y evitar el contacto con los agentes mientras esperaban un posible traslado a la Península.
Los testimonios recogidos por la Policía apuntan además a amenazas de muerte y coacciones destinadas a impedir que los afectados declarasen contra los responsables. Algunas de las personas localizadas reaccionaron inicialmente con miedo ante la presencia policial, aunque posteriormente varias decidieron colaborar voluntariamente con los investigadores.
Dos detenidos y una investigación coordinada
La operación concluyó con la detención de dos personas en Ceuta como presuntas responsables de los hechos investigados. Las diligencias se desarrollan con participación de unidades policiales de Ceuta, plantillas de la costa andaluza y servicios centrales, en coordinación con la Fiscalía especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.
INFORMACIÓN ORIGINAL | 1 de septiembre de 2026
La Policía Nacional abrió una línea de investigación en Ceuta por el presunto aprovechamiento económico de personas migrantes que permanecían en la ciudad a la espera de poder continuar su viaje hacia la Península. La actuación se centró en espacios de garaje vinculados al entorno del edificio Mirasol y otras zonas investigadas por la UCRIF.
Las primeras informaciones apuntaban ya a que algunas personas habrían pagado cantidades que podían alcanzar los 900 euros por permanecer aproximadamente un mes en dependencias sin condiciones adecuadas de habitabilidad. La investigación buscaba determinar quién gestionaba los pagos, cuánto tiempo permanecían allí los alojados y si existía una estructura organizada para captar a personas vulnerables.
Los nuevos datos oficiales difundidos por Interior confirman y amplían de forma sustancial aquellas primeras pesquisas, incorporando los traslados de hasta 6.000 euros, los cobros por servicios básicos y las amenazas denunciadas por las víctimas.
Fuente principal de la actualización: Ministerio del Interior y Policía Nacional.