MADRID. La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación de oficio sobre un listado elaborado por el Ministerio del Interior que incluye nombres de periodistas junto a observaciones sobre su supuesta ideología o tendencia política.
Qué aspectos examinará la AEPD
La autoridad de control analizará la naturaleza y el alcance de los datos recopilados, la utilización que se les dio y la base jurídica invocada para tratarlos. La apertura de las actuaciones no implica por sí misma que se haya cometido una infracción.
La Agencia recuerda que cualquier tratamiento de información personal debe respetar los principios del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, entre ellos la limitación de la finalidad, la minimización y el uso leal y transparente.
La ideología es un dato especialmente protegido
El artículo 9 del RGPD incluye las opiniones políticas entre las categorías especiales de datos. Como regla general, su tratamiento está prohibido salvo que concurra alguna de las excepciones previstas legalmente. La investigación deberá determinar si el documento contenía realmente esta clase de información y si existía cobertura para manejarla.
Las actuaciones podrán concluir sin infracción, con requerimientos de corrección o con la apertura del correspondiente procedimiento sancionador, dependiendo de los hechos acreditados. La AEPD dispone de potestades de investigación y supervisión independientes.
El expediente se centra en el tratamiento de datos y no prejuzga responsabilidades individuales. Interior podrá aportar documentación sobre el origen, propósito, circulación interna y conservación del listado.
Actualización: denuncia presentada ante el Tribunal Supremo
El 11 de septiembre, el empresario y editor Luis Pineda presentó una denuncia penal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y contra quienes hubieran participado en la elaboración o utilización del documento. La actuación se dirige al Alto Tribunal por la condición de aforado del ministro.
El escrito sostiene que el documento interno, de 57 páginas y fechado en 2024, contiene fichas de al menos 280 periodistas con datos profesionales, fotografía y referencias a su supuesta orientación ideológica o postura ante asuntos políticos. La denuncia invoca posibles delitos relacionados con el tratamiento ilícito de datos especialmente protegidos, además de prevaricación e impedimento de derechos cívicos.
Entre las diligencias solicitadas figuran la conservación del documento original y sus metadatos, el requerimiento de comunicaciones internas, la identificación de los responsables y la posibilidad de que los periodistas afectados se personen. Estas imputaciones son únicamente las planteadas por el denunciante: el Supremo deberá decidir si admite la denuncia y abre una investigación, y no existe por ahora una atribución judicial de responsabilidad.
Fuente de la actualización: Confilegal, 11 de septiembre de 2026.
Fuente: Europa Press / AEPD, actualización del 9 de septiembre de 2026.