La Guardia Civil ha detenido en Granada a un hombre de 41 años acusado de haber construido durante meses una trama de estafas dirigida especialmente contra personas mayores y personas con discapacidad. La investigación, bautizada como Operación Larberik, eleva por ahora el perjuicio económico por encima de los 350.000 euros y sitúa a más de 40 personas entre las víctimas conocidas. Los afectados están repartidos por seis provincias andaluzas, entre ellas Málaga.
El detenido está investigado como presunto autor de un delito continuado de estafa, usurpación del estado civil y falsedad de documento público y privado. Tras pasar a disposición del Juzgado de Guardia de Granada, se decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones.
La operación comenzó con un vehículo parado en Armilla
El origen del caso se remonta al pasado mes de mayo. Durante un dispositivo de seguridad ciudadana, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Armilla, en Granada, identificaron un vehículo y localizaron en su maletero abundante documentación que llamó inmediatamente la atención de los investigadores.
Había contratos de crédito, talonarios, facturas y documentos con datos personales pertenecientes a terceras personas. Las primeras comprobaciones permitieron contactar con algunos de los titulares de aquella documentación y, según la investigación, todos ellos presentaban indicios de haber sido víctimas de operaciones realizadas sin su consentimiento.
A partir de ese hallazgo comenzó una investigación que fue ampliándose hasta alcanzar a decenas de afectados distribuidos por Almería, Jaén, Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba.
Se presentaba como un comercial correcto y bien vestido
El método atribuido al detenido se apoyaba en una primera impresión aparentemente normal. Según la Guardia Civil, se presentaba ante las víctimas como comercial de distintas empresas. Su aspecto era cuidado, educado y correcto, una imagen con la que conseguía ganarse la confianza de personas que, en muchos casos, vivían solas.
Una vez dentro de los domicilios, el objetivo presuntamente era conseguir acceso a información sensible: datos personales, documentación bancaria, certificados de pensión y firmas. Con ese material, el investigado habría formalizado contratos de crédito, adquirido teléfonos móviles y financiado vehículos a nombre de las víctimas sin que estas supieran que se estaban realizando esas operaciones.
La Guardia Civil destaca que una parte significativa de los perjudicados eran personas de edad avanzada o con distintos tipos de discapacidad, un perfil especialmente vulnerable ante una estrategia basada en generar confianza y manejar documentación financiera en su nombre.
El engaño podía repetirse una segunda vez
La investigación describe además una segunda fase que agravaba el perjuicio. En determinados casos, el supuesto comercial habría regresado posteriormente a las viviendas y comunicado a las víctimas que existía algún error en la financiación.
Con esa excusa, las convencía para realizar nuevos pagos en metálico, transferencias bancarias o cargos utilizando un TPV portátil, supuestamente para cancelar contratos o resolver problemas derivados de operaciones anteriores.
De esta manera, una misma víctima podía sufrir un doble daño: primero aparecían créditos, compras o financiaciones contratadas sin su consentimiento y, después, podía acabar entregando más dinero creyendo que estaba solucionando el problema.
Firmas presuntamente falsificadas y utilización de identidades ajenas
Los investigadores también atribuyen al sospechoso la firma directa de determinados documentos. Según la información oficial, habría llegado a rubricar contratos en nombre de los afectados, aprovechándose de la vulnerabilidad de algunas víctimas y del temor que podía provocarles descubrir que existían operaciones financieras a su nombre.
El conjunto de hechos investigados ha llevado a la Guardia Civil a atribuirle, de forma provisional, delitos de estafa continuada, usurpación del estado civil y falsedad documental.
Más de 40 víctimas y afectados también en Málaga
Hasta el momento, la investigación ha permitido contabilizar más de 40 personas perjudicadas. Málaga figura expresamente entre las provincias en las que la Guardia Civil ha localizado víctimas, junto con Granada, Almería, Jaén, Sevilla y Córdoba.
La información oficial no detalla cuántos afectados corresponden concretamente a la provincia malagueña ni los municipios en los que se habrían producido los engaños. Por este motivo, cualquier reparto provincial del número total de víctimas sería especulativo.
El perjuicio económico acumulado supera ya los 350.000 euros, aunque la cifra podría aumentar a medida que avance el análisis de la documentación y aparezcan nuevos perjudicados.
Móviles de alta gama, motocicletas y un turismo
Parte del dinero obtenido mediante las operaciones fraudulentas habría sido transformado en bienes de elevado valor. La Guardia Civil atribuye al investigado la adquisición de dos teléfonos móviles de alta gama, dos motocicletas de gran cilindrada y un turismo mediante operaciones realizadas con datos o financiación vinculada a las víctimas.
Algunos de esos vehículos fueron posteriormente vendidos a otras personas. Una de las personas relacionadas con esas adquisiciones ha pasado ya a disposición judicial como presunta autora de un delito de receptación.
Los investigadores mantienen abiertas varias líneas para determinar el destino del resto de los bienes y aclarar si hubo más personas que participaron conscientemente en su compra o posterior transmisión.
Registro domiciliario: dinero, un TPV y documentación bancaria
La detención fue realizada por la Guardia Civil con el apoyo de la Policía Local de Granada y de Peligros. Durante el registro del domicilio del investigado se intervinieron distintos efectos que, según los agentes, guardan relación directa con el procedimiento.
Entre ellos figuran una de las motocicletas denunciadas como obtenida fraudulentamente, el vehículo que utilizaba el detenido —que también habría sido conseguido utilizando documentación de una víctima—, más de 1.000 euros en efectivo y un terminal TPV portátil.
También se encontraron documentos bancarios, contratos de financiación y otros papeles que ahora forman parte del análisis de los investigadores.
Un contrato de renting a nombre de una persona fallecida
Uno de los documentos intervenidos resulta especialmente significativo por el nivel de suplantación que investiga la Guardia Civil. Entre los papeles apareció un contrato de renting de un turismo a nombre de una persona fallecida.
Este elemento se suma a la documentación financiera y personal localizada durante la operación y refuerza la investigación sobre el uso de identidades ajenas para contratar productos y obtener bienes.
Prisión provisional y una investigación todavía abierta
Después de su detención, el hombre pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Granada. La autoridad judicial acordó su ingreso en prisión provisional.
La Operación Larberik, sin embargo, no se considera cerrada. Los agentes continúan revisando documentación, operaciones financieras y posibles transmisiones de los bienes adquiridos. La propia Guardia Civil advierte de que no se descartan nuevas detenciones.
También permanece abierta la posibilidad de que aparezcan más perjudicados a medida que se identifiquen contratos, pagos o documentos asociados a personas que todavía no hayan denunciado.
Qué hacer si aparece un crédito o financiación que no se reconoce
Casos como este muestran la importancia de revisar periódicamente movimientos bancarios, contratos de financiación y comunicaciones recibidas de entidades de crédito, especialmente cuando una persona vulnerable ha facilitado documentación a un supuesto comercial.
Ante una operación desconocida, resulta recomendable conservar toda la documentación, evitar nuevos pagos destinados supuestamente a “cancelar” el problema, contactar directamente con la entidad financiera por sus canales oficiales y poner los hechos en conocimiento de las fuerzas de seguridad.
Si el afectado es una persona mayor o con discapacidad, la revisión de recibos, préstamos y movimientos por parte de familiares o personas de confianza puede ayudar a detectar antes operaciones que hayan sido contratadas sin su conocimiento.
Cronología de la Operación Larberik
- Mayo de 2026: agentes de la Guardia Civil identifican un vehículo en Armilla, Granada, durante un dispositivo de seguridad ciudadana.
- En el maletero: aparecen contratos de crédito, talonarios, facturas y documentación perteneciente a terceras personas.
- Primeras comprobaciones: los investigadores localizan a titulares de los documentos y detectan posibles estafas.
- Ampliación de la investigación: aparecen afectados en Granada, Almería, Jaén, Sevilla, Málaga y Córdoba.
- Balance provisional: más de 40 víctimas y un perjuicio económico superior a 350.000 euros.
- Registro: se intervienen vehículos, una motocicleta, dinero en efectivo, un TPV y documentación financiera.
- Septiembre de 2026: la Guardia Civil detiene al principal investigado y el juzgado decreta su ingreso en prisión provisional.
Una estafa basada en la confianza de las víctimas
La Operación Larberik refleja un modelo de fraude que no depende de sofisticados ataques informáticos, sino del acceso personal a las víctimas. La apariencia de normalidad, la confianza generada dentro de los domicilios y el manejo de documentos reales habrían permitido mantener las operaciones durante meses.
La investigación deberá determinar ahora el número definitivo de víctimas, el perjuicio económico total y el recorrido de todos los bienes obtenidos. Por ahora, la Guardia Civil sitúa el fraude por encima de los 350.000 euros y confirma afectados en Málaga y otras cinco provincias andaluzas.
Fuentes
- Guardia Civil — Operación Larberik, 19 de septiembre de 2026.
- Europa Press Andalucía, 19 de septiembre de 2026.
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