El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sanción de tres años de suspensión de empleo y sueldo impuesta por la Universidad de Málaga (UMA) a una profesora por acoso sexual a un compañero de la misma facultad. La resolución de la Sala de lo Social revoca la decisión anterior del Juzgado de lo Social número 2 de Málaga, que había reducido el castigo a seis meses pese a mantener que los hechos constituían una infracción muy grave.
La sentencia del TSJA, fechada el 1 de julio de 2026, considera acreditada una conducta persistente de carácter sexual que continuó a pesar de que el profesor había pedido expresamente a la docente que cesara y que cualquier comunicación entre ambos quedara limitada al ámbito profesional.
La resolución ya es firme al no haberse preparado recurso de casación dentro del plazo correspondiente. La profesora, que impartía docencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, deberá cumplir por tanto la sanción inicial fijada por la institución académica.
Los primeros mensajes se remontan a 2021
Según los hechos declarados probados y recogidos en la resolución judicial, la situación comenzó en junio de 2021. La profesora envió al compañero una fotografía personal mientras se encontraba tumbada. El docente respondió pidiéndole que evitara remitirle ese tipo de imágenes o comentarios.
La petición no puso fin a las comunicaciones. En agosto de ese mismo año la profesora volvió a enviar fotografías personales y, en octubre, el compañero reiteró que debía respetar su posición.
Durante noviembre de 2021 las advertencias del profesor fueron aún más claras. Le hizo saber que los mensajes le generaban incomodidad y que tenía derecho a decidir qué comunicaciones personales deseaba recibir. Pese a ello, días después recibió una carta en la que la profesora expresaba sentimientos hacia él y describía contenidos de carácter íntimo.
El compañero pidió posteriormente ser eliminado de una carpeta compartida de Google Drive utilizada inicialmente para una colaboración profesional.
El profesor acudió al Vicerrectorado de Igualdad
El 3 de diciembre de 2021, el docente solicitó asesoramiento al Vicerrectorado de Igualdad de la Universidad de Málaga. Según la documentación judicial, comunicó que se encontraba afectado por lo sucedido y volvió a dirigirse a su compañera para dejar constancia de que nunca había dado pie a una relación sentimental o sexual.
También le pidió que a partir de entonces cualquier comunicación se produjera exclusivamente por motivos profesionales.
Sin embargo, la conducta continuó durante los primeros meses de 2022. Desde el 19 de enero, de acuerdo con los hechos probados, la profesora incorporó a una carpeta compartida fotografías y vídeos suyos de carácter sexual explícito.
Una segunda carpeta y la activación del protocolo de acoso
En marzo de 2022 el profesor volvió a solicitar la intervención del Vicerrectorado de Igualdad. En esas fechas apareció además una segunda carpeta compartida, denominada en el procedimiento como “Nube”, en la que se incorporaron nuevas imágenes y grabaciones del mismo carácter.
El afectado pidió que se activara cuanto antes el protocolo de la UMA frente al acoso sexual. La Universidad lo puso en marcha cuatro días después de esa solicitud. La sentencia recoge que la incorporación de contenidos continuó hasta el 27 de marzo de 2022.
El punto central del caso para los tribunales no fue únicamente la naturaleza sexual de las imágenes y mensajes, sino su reiteración y persistencia después de que el destinatario hubiera manifestado expresamente que no quería recibirlos.
La UMA abrió expediente disciplinario en 2023
La Universidad de Málaga abrió formalmente un expediente disciplinario en mayo de 2023. Tras la tramitación administrativa, el rector dictó resolución el 5 de abril de 2024.
La conducta fue calificada como una infracción muy grave de acoso sexual. Para fijar la sanción, la Universidad tuvo en cuenta la intensidad de los hechos, su reiteración y su continuidad en el tiempo.
La decisión final fue imponer a la profesora tres años de suspensión de empleo y sueldo.
Un juzgado redujo inicialmente la sanción a seis meses
La docente recurrió la decisión de la Universidad al considerar que durante el procedimiento se habían vulnerado sus derechos fundamentales.
En julio de 2025, el Juzgado de lo Social número 2 de Málaga estimó parcialmente su demanda. El juzgado no eliminó la calificación de los hechos como falta muy grave, pero consideró que la sanción debía reducirse de tres años a seis meses de suspensión.
La resolución no cerró el procedimiento. Tanto la profesora como la Universidad de Málaga presentaron recursos ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El TSJA restablece los tres años
El TSJA ha estimado el recurso de la Universidad y ha desestimado el de la profesora. La sentencia, identificada como STSJ Andalucía 1223/2026, de 1 de julio, concluye que la sanción de tres años se encontraba dentro de las posibilidades previstas para una infracción de esa gravedad.
La Sala recuerda que, una vez confirmada la calificación de la conducta como falta muy grave, corresponde a la administración empleadora ponderar las circunstancias y elegir una de las sanciones legalmente previstas. Según el tribunal, la UMA realizó esa valoración de manera suficiente y detallada.
El TSJA considera además que la Universidad no escogió la sanción más grave posible y que los tres años impuestos tampoco alcanzaban la duración máxima prevista para este tipo de infracciones.
La resolución tiene como referencia ECLI: ES:TSJAND:2026:9965 y corresponde al recurso 750/2026.
La sentencia ya es firme
Aunque la resolución del TSJA permitía preparar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ninguna de las partes lo hizo dentro del plazo legal, por lo que la sentencia ha adquirido firmeza.
Eso deja vigente la sanción original aprobada por la Universidad de Málaga: tres años sin empleo y sueldo.
El caso supone además la confirmación judicial del protocolo y del expediente disciplinario tramitados por la institución universitaria. El rector de la UMA, Teodomiro López, ha defendido que la Universidad actuó siguiendo los cauces establecidos desde que tuvo conocimiento de los hechos.
López ha explicado en declaraciones recogidas por medios malagueños que se encontró con el asunto al asumir sus responsabilidades y que la institución decidió recurrir la reducción judicial de la sanción porque consideraba que los tres años inicialmente impuestos eran proporcionales a la gravedad y persistencia de la conducta.
La profesora podrá reincorporarse cuando cumpla la sanción
La suspensión no supone la expulsión definitiva de la Universidad. Una vez cumplidos los tres años, la docente podrá reincorporarse a su puesto en el centro universitario.
El procedimiento deja una cronología de varios años: los primeros hechos se produjeron en 2021; el protocolo se activó en 2022; el expediente disciplinario comenzó en 2023; la sanción administrativa fue dictada en 2024; la primera resolución judicial llegó en 2025 y el TSJA ha cerrado ahora la controversia manteniendo íntegramente el castigo inicial.
Fuentes: STSJ Andalucía 1223/2026, de 1 de julio (ECLI: ES:TSJAND:2026:9965); base de jurisprudencia Graduado Social Red; información publicada por Diario SUR y otros medios de Málaga sobre la firmeza de la resolución y las declaraciones del rector de la UMA.