La agresión sufrida por la directora y una profesora del IES Los Montecillos de Coín continúa generando reacciones en la comunidad educativa malagueña. Once días después de los hechos, la Junta de Personal Docente de Málaga ha hecho público un pronunciamiento en el que condena de forma unánime lo ocurrido y reclama a la Administración educativa más recursos y medidas de prevención y protección para evitar nuevos episodios de violencia contra trabajadores de la enseñanza pública.
El comunicado, difundido este 28 de septiembre, vuelve a situar en primer plano un caso que marcó el comienzo del curso escolar 2026-2027 en Coín. La representación del profesorado sostiene que la seguridad de docentes y personal no docente debe ser una prioridad y reclama que los profesionales puedan desarrollar su trabajo en un entorno seguro, sin miedo ni situaciones de desamparo.
La Junta de Personal Docente reclama más recursos
La Junta de Personal Docente de Málaga, órgano de representación de los trabajadores de la enseñanza pública de la provincia, ha expresado su rechazo a la agresión física y verbal sufrida por profesionales del IES Los Montecillos y considera necesario reforzar las medidas destinadas a prevenir hechos de esta naturaleza.
El órgano de representación docente plantea que una agresión a trabajadores de un centro educativo no debe contemplarse únicamente como un conflicto individual, sino como un episodio que afecta al funcionamiento y a la convivencia de toda la comunidad educativa. Por ello, reclama un respaldo inmediato de la Administración y la dotación de recursos suficientes para prevenir y afrontar situaciones violentas en colegios e institutos.
El pronunciamiento insiste además en que tanto el profesorado como el personal no docente tienen derecho a desempeñar sus funciones en condiciones de seguridad y respeto. La Junta de Personal muestra igualmente su apoyo a las trabajadoras afectadas y se suma al rechazo que ya habían expresado el propio centro, organizaciones sindicales, representantes institucionales y numerosos integrantes de la comunidad educativa de Coín.
La agresión ocurrió el 17 de septiembre
Los hechos que originaron esta nueva reacción se produjeron el jueves 17 de septiembre en el IES Los Montecillos. Según la información confirmada entonces por la Delegación Territorial de Educación en Málaga, la directora del instituto y otra profesora fueron objeto de agresiones físicas y verbales presuntamente por familiares de un alumno matriculado en el centro.
El altercado se produjo durante la jornada lectiva y motivó la intervención de la Guardia Civil. Las dos docentes presentaron denuncia y se activaron los mecanismos de apoyo previstos para este tipo de situaciones.
El Caso Málaga informó entonces de la detención de la madre de un alumno por su presunta relación con la agresión y de la apertura de diligencias sobre otras personas implicadas. La actuación policial abrió una investigación para esclarecer la participación de cada persona y determinar las posibles responsabilidades penales.
Una detenida y personas investigadas
La Guardia Civil confirmó en las horas posteriores al suceso una detención por la presunta agresión. La arrestada era la madre del alumno. El padre figuraba también como investigado, mientras que posteriormente la Subdelegación del Gobierno en Málaga precisó que había dos personas investigadas por delitos relacionados con atentado a la autoridad y daños, además de la persona detenida.
Las diligencias policiales quedaron dirigidas a reconstruir lo ocurrido dentro del centro, identificar la intervención concreta de cada implicado y trasladar las actuaciones a la autoridad judicial competente. La condición de detenido o investigado no implica culpabilidad y cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada judicialmente.
Apoyo psicológico y jurídico a las docentes
Tras conocerse la agresión, la Delegación Territorial de Educación en Málaga activó los mecanismos de apoyo previstos para la directora y la profesora afectadas, incluida asistencia psicológica y jurídica. La Administración educativa manifestó públicamente su rechazo a cualquier agresión contra trabajadores de centros escolares.
La comunidad educativa del IES Los Montecillos respondió además con una concentración de rechazo celebrada al día siguiente de los hechos. Profesores, alumnos, familias y representantes institucionales participaron en la muestra de apoyo a las docentes y en la condena de la violencia en el entorno escolar.
También CCOO y UGT reclamaron entonces medidas adicionales de prevención y protección, mientras la Junta de Andalucía defendió la aplicación de la normativa destinada a reforzar la autoridad del profesorado y el acceso a protección jurídica y psicológica.
El caso vuelve al primer plano once días después
El comunicado de la Junta de Personal Docente devuelve ahora el caso de Coín a la actualidad. La representación de los trabajadores considera que la respuesta ante estas situaciones no puede limitarse a actuar una vez producida la agresión y reclama medidas preventivas capaces de reducir el riesgo para quienes trabajan diariamente en los centros educativos.
La petición se centra especialmente en el respaldo institucional, la prevención y la disponibilidad de recursos ante episodios de violencia. El objetivo planteado es que los profesionales puedan desempeñar su función educativa en un entorno seguro y que exista una respuesta clara cuando se produzcan amenazas, intimidaciones o agresiones.
Un inicio de curso marcado por el suceso de Coín
La agresión del IES Los Montecillos se produjo apenas unos días después del inicio del curso de Secundaria en Andalucía. El caso provocó una amplia reacción precisamente por haber ocurrido dentro de un centro educativo y por afectar directamente a la directora y a otra docente durante el ejercicio de sus funciones.
Desde entonces, el debate se ha extendido más allá de la investigación concreta. Organizaciones sindicales y representantes de los trabajadores han reclamado que los centros dispongan de herramientas suficientes para prevenir situaciones conflictivas, mientras la Administración andaluza ha defendido los instrumentos jurídicos y asistenciales actualmente disponibles.
La investigación policial y judicial sobre los hechos sigue siendo independiente de este debate institucional. Hasta el momento, no se ha comunicado públicamente una resolución judicial definitiva sobre las responsabilidades derivadas de la agresión.
Fuente principal: Junta de Personal Docente de Málaga, comunicado difundido por CSIF. Contexto: información publicada anteriormente por El Caso Málaga y datos confirmados por la Delegación Territorial de Educación y la Guardia Civil.