ALHAURÍN DE LA TORRE. Funcionarios del Centro Penitenciario Málaga I han vuelto a poner el foco sobre la seguridad en la prisión de Alhaurín de la Torre. El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) denuncia que el centro concentra a numerosos internos vinculados a organizaciones criminales de alta peligrosidad y sostiene que algunos de ellos continuarían manteniendo capacidad de comunicación y control sobre sus redes desde el interior de la cárcel.
La denuncia, difundida este viernes 2 de octubre, apunta especialmente al acceso de determinados reclusos a teléfonos móviles y a los intentos de introducir dispositivos, drogas y otros objetos prohibidos mediante drones. El sindicato reclama más información para los trabajadores sobre el perfil de los internos relacionados con bandas criminales y cuestiona la coordinación existente con la dirección del centro.
Una prisión marcada por el peso del crimen organizado
La ubicación de Málaga I convierte al centro penitenciario en uno de los destinos habituales de detenidos relacionados con operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado desarrolladas en la Costa del Sol.
La actividad policial de los últimos años ha llevado a prisión provisional o al cumplimiento de condena a integrantes de estructuras criminales de distintas nacionalidades. TAMPM sostiene que esta realidad ha cambiado el perfil de una parte de la población reclusa y exige que los funcionarios dispongan de información suficiente para conocer los riesgos asociados a los internos con los que trabajan.
El sindicato llega a afirmar que Málaga I se ha convertido en uno de los principales puntos de concentración de delincuencia organizada dentro del sistema penitenciario español. Se trata de una valoración sindical que la organización utiliza para justificar su petición de reforzar los protocolos de seguridad e información.
Dos teléfonos móviles localizados a un integrante de una banda serbia
Uno de los episodios citados por TAMPM afecta a un integrante de una organización criminal serbia. Según la denuncia sindical, al interno le fueron localizados dos teléfonos móviles dentro del centro penitenciario.
La organización sostiene que el hallazgo provocó posteriormente su traslado y lo presenta como ejemplo de las dificultades para impedir que determinados reclusos mantengan comunicaciones no autorizadas desde prisión.
El acceso a un teléfono móvil dentro de un centro penitenciario supone un problema de seguridad especialmente delicado cuando el usuario está relacionado con estructuras criminales organizadas. Los terminales pueden permitir comunicaciones ajenas a los sistemas controlados por la administración penitenciaria y dificultar la supervisión de contactos con personas situadas en el exterior.
El módulo 9, nuevamente bajo el foco
La denuncia vuelve a señalar al módulo 9. Según TAMPM, en esta zona se encuentran internos relacionados con grupos criminales y se han producido intentos de introducir objetos prohibidos mediante aeronaves no tripuladas.
El uso de drones no es un problema nuevo en la prisión de Alhaurín de la Torre. Durante los últimos meses se han conocido distintos episodios relacionados con estos aparatos.
En junio de 2026, funcionarios detectaron un dron sobre el módulo 9 y consiguieron interceptar una carga destinada al interior del recinto. El episodio reabrió el debate sobre la utilización de estos dispositivos para transportar drogas, teléfonos móviles y otros efectos prohibidos por encima del perímetro de seguridad.
Dos meses después, en agosto, otro dron permaneció durante más de seis minutos sobrevolando las inmediaciones de los módulos 9 y 11. Según la denuncia sindical difundida entonces, el aparato fue detectado durante la madrugada, pero no pudo ser interceptado ni localizado su piloto.
Málaga I estrenó sistemas antidrones
La presión generada por este tipo de incidentes llevó a reforzar las medidas tecnológicas. En junio de este año se anunció que la prisión de Alhaurín de la Torre sería una de las primeras de España en disponer de nuevos sistemas específicamente destinados a combatir la entrada de drones.
La propia realidad del centro había situado esta amenaza entre las principales preocupaciones de los funcionarios. El perfil de determinados internos, la capacidad económica de algunas organizaciones criminales y sus redes internacionales habían convertido el uso de drones en una vía especialmente atractiva para intentar introducir objetos prohibidos.
Los sindicatos penitenciarios han advertido en distintas ocasiones de que estas aeronaves pueden transportar desde pequeños teléfonos móviles hasta sustancias estupefacientes y otros elementos capaces de comprometer la seguridad interior.
675 móviles intervenidos entre 2020 y 2024
El problema de los teléfonos móviles tampoco es reciente.
Datos difundidos por representantes sindicales en 2025 señalaban que entre los años 2020 y 2024 se habían intervenido 675 terminales en la prisión Málaga I. Solo durante 2024 se habrían localizado 161 dispositivos.
Los funcionarios han advertido durante años de la existencia de un auténtico mercado negro de teléfonos dentro de las prisiones. Algunos dispositivos pueden ser alquilados o intercambiados entre internos y alcanzar un elevado valor por la posibilidad de comunicarse sin utilizar los canales ordinarios del centro.
El avance tecnológico complica además su detección. Existen terminales de tamaño muy reducido y construidos con materiales que dificultan su localización mediante determinados sistemas tradicionales.
Los funcionarios reclaman saber con quién están trabajando
Una de las principales reclamaciones que plantea ahora TAMPM afecta directamente a la información que reciben los trabajadores.
El sindicato considera que los funcionarios deberían conocer con mayor detalle qué internos mantienen vínculos con organizaciones criminales, cuál es su perfil y qué riesgos específicos pueden presentar.
La organización sostiene que esta información forma parte de la prevención y critica el nivel de comunicación existente entre la plantilla y la dirección del centro.
Para los representantes sindicales, trabajar con internos pertenecientes a estructuras de crimen organizado sin disponer de información suficiente coloca a los funcionarios en una situación de desventaja a la hora de prevenir incidentes, detectar comunicaciones clandestinas o anticipar posibles conflictos.
Críticas a la dirección de la prisión
TAMPM vuelve además a cuestionar la gestión del Centro Penitenciario Málaga I y reclama el cese de su director.
No es la primera vez que el sindicato formula críticas a la dirección. Durante las últimas semanas ya había denunciado otros incidentes relacionados con amenazas a trabajadores y problemas de seguridad en diferentes módulos.
La organización considera que la dimensión alcanzada por la delincuencia organizada dentro del centro obliga a modificar las estrategias de coordinación, clasificación, vigilancia e intercambio de información.
La petición de cese forma parte de la posición sindical y no implica que exista una resolución administrativa adoptada en ese sentido.
Una preocupación que va más allá de un solo incidente
La nueva denuncia llega después de meses en los que la prisión de Alhaurín de la Torre ha aparecido repetidamente vinculada a incautaciones de teléfonos, intentos de introducción de drogas mediante drones, armas artesanales fabricadas por internos y agresiones o amenazas contra funcionarios.
La combinación de estas circunstancias mantiene abierto el debate sobre los medios disponibles en Málaga I para controlar a internos vinculados a organizaciones criminales de carácter internacional.
El problema adquiere una dimensión especial en una provincia como Málaga, donde las fuerzas de seguridad desarrollan de forma continuada operaciones contra redes dedicadas al narcotráfico, el blanqueo de capitales, los secuestros y los ajustes de cuentas.
Cada operación policial que termina con detenidos de organizaciones de alto nivel puede trasladar también parte de esa presión al sistema penitenciario.
La denuncia queda ahora sobre la mesa
Por el momento, la información conocida procede fundamentalmente de las denuncias formuladas por los representantes de los funcionarios de prisiones.
TAMPM reclama más información, más coordinación y una revisión de la estrategia de seguridad del centro. La existencia de teléfonos móviles y los repetidos intentos de introducir mercancía mediante drones mantienen la atención sobre Málaga I, una prisión que durante los últimos años ha tenido que adaptarse a métodos cada vez más sofisticados para tratar de vulnerar sus controles.
Fuentes
El Español Málaga; denuncias y comunicaciones sindicales de TAMPM y ACAIP-UGT.