La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, uno en Málaga y otro en Murcia, por su presunta implicación en varias amenazas de bomba dirigidas contra dos aeropuertos españoles. Los investigadores sostienen que los sospechosos utilizaron los datos personales de un tercero sin su consentimiento para acceder a un sistema de llamadas a través de Internet, ocultaron el identificador telefónico y recurrieron a herramientas de inteligencia artificial para alterar sus voces. Una de las amenazas obligó a activar los protocolos de seguridad y alteró temporalmente el funcionamiento de una instalación aeroportuaria.
Las detenciones se produjeron el miércoles 14 de octubre de 2026, mientras que la Policía Nacional ha informado de la operación este viernes 16. Los agentes practicaron registros en los domicilios de ambos investigados e intervinieron dispositivos informáticos y electrónicos que podrían estar relacionados con las comunicaciones examinadas. La investigación, denominada operación Aviación, sigue abierta y contempla la posible participación de otras personas.
Las primeras amenazas se investigan desde septiembre
El origen de la operación se remonta a septiembre de 2026, cuando se recibieron varias llamadas que alertaban de la supuesta presencia de artefactos explosivos en dos aeropuertos españoles. Los mensajes obligaron a las fuerzas de seguridad a comprobar la información ante el riesgo que representa cualquier aviso de esta naturaleza en una infraestructura con un importante movimiento de viajeros y trabajadores.
El Ministerio del Interior ha confirmado que una de las llamadas desencadenó la activación de los procedimientos de seguridad establecidos y la intervención de unidades policiales y servicios especializados. La actuación produjo una alteración temporal del funcionamiento normal del aeropuerto afectado.
La comunicación oficial no identifica expresamente por su nombre los dos aeropuertos a los que se dirigieron los avisos, ni precisa la duración de las alteraciones o el número de vuelos que pudieran haberse visto afectados. Por ello, no cabe atribuir a un aeropuerto concreto evacuaciones, retrasos determinados o suspensiones de operaciones sin una confirmación adicional.
Los datos de identidad de otra persona, utilizados sin permiso
Una de las principales líneas de investigación se ha centrado en el origen de las comunicaciones. Según la Policía Nacional, los sospechosos habrían empleado los datos del Documento Nacional de Identidad de una persona adulta ajena a los hechos para registrarse en un servicio de telefonía por Internet, denominado Voz sobre Protocolo de Internet o VoIP.
El uso de una identidad que no les pertenecía habría permitido a los investigados aparentar que las comunicaciones estaban vinculadas a otra persona. La actuación policial señala que los datos se utilizaron sin la autorización de su titular, una circunstancia relevante para comprender cómo se intentó dificultar la atribución de las llamadas.
Los investigadores también detectaron el presunto empleo de técnicas de enmascaramiento o falsificación del número telefónico que aparece ante el receptor. Este procedimiento, denominado caller ID spoofing, permite que el identificador que ve quien recibe una llamada no se corresponda necesariamente con su origen auténtico.
La inteligencia artificial se utilizó para distorsionar las voces
A las técnicas de ocultación del origen de las llamadas se añadió, según la investigación, el uso de inteligencia artificial para modificar las voces. El objetivo atribuido a los sospechosos era dificultar su identificación cuando transmitían las amenazas.
La Policía no ha dado a conocer el programa empleado, ni cómo se configuró la alteración de la voz. Lo comunicado es que, en las llamadas examinadas, los investigados habrían combinado distintas herramientas digitales y una identidad usurpada para entorpecer el trabajo de identificación.
Este componente tecnológico es una de las particularidades del caso. Una amenaza telefónica contra un aeropuerto obliga a las autoridades a valorar el riesgo y aplicar los protocolos oportunos, con independencia de que la voz esté modificada o de que el número mostrado resulte engañoso. La investigación policial se orientó a reconstruir el origen real de las comunicaciones y a localizar a sus posibles responsables.
Dos detenciones y registros domiciliarios en Málaga y Murcia
Las pesquisas desembocaron el miércoles 14 de octubre en la detención de dos varones, uno en Málaga y otro en Murcia. En el mismo operativo se efectuaron registros domiciliarios y se intervinieron diferentes dispositivos electrónicos e informáticos supuestamente relacionados con los avisos.
El análisis de estos equipos forma parte de las diligencias para establecer qué comunicaciones se realizaron, qué personas participaron y cuál fue el alcance de los hechos. El comunicado policial no proporciona las identidades de los arrestados ni detalla el resultado completo de los exámenes técnicos.
Los investigados podrían haber incurrido, según la Policía Nacional, en delitos de amenazas, extorsión y desórdenes públicos. Se trata de calificaciones penales que se están investigando y no de hechos declarados probados por una sentencia. Tampoco se ha hecho público en la nota policial el contenido de una resolución judicial sobre la situación personal de los detenidos.
La Policía examina una posible vinculación con el «swatting»
La operación permanece abierta, y los especialistas estudian la posible relación de los investigados con determinados entornos de Internet en los que se llevan a cabo conductas de amenazas, acoso e intimidación.
Una de las hipótesis sometidas a comprobación es una vinculación con el swatting, una práctica consistente en comunicar falsamente una situación de extrema gravedad a los servicios de emergencia para provocar un despliegue policial contra una persona o en un lugar determinado. La Policía también ha detectado indicios de otras posibles conductas de hostigamiento digital.
La posible conexión con el swatting todavía se está investigando. No se ha confirmado que las amenazas a los aeropuertos respondieran a esa finalidad ni que todos los hechos examinados tuvieran una misma motivación. Los agentes analizan asimismo si hubo terceras personas implicadas.
La investigación se dirige desde Málaga y ha intervenido la Fiscalía de Menores
La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Málaga, Murcia y Valencia.
Las actuaciones están dirigidas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, Plaza número 1, y han contado también con la intervención de la Fiscalía de Menores de Málaga. El comunicado no aclara los motivos concretos de esta última intervención, de modo que no corresponde inferir a partir de ella la edad exacta de los detenidos ni atribuir hechos a otras personas.
La dirección judicial desde Málaga y la implicación de agentes de varias provincias evidencian el alcance territorial de las diligencias, aunque por ahora se ha confirmado oficialmente la detención de dos personas.
Por qué una amenaza falsa puede paralizar una infraestructura crítica
La Policía Nacional recuerda que los avisos falsos de bomba tienen consecuencias incluso cuando no se confirma la presencia de explosivos. Las autoridades deben valorar cada comunicación y, cuando las circunstancias lo exigen, movilizar efectivos y aplicar los procedimientos de seguridad. Esa respuesta puede afectar al funcionamiento de un aeropuerto y desviar recursos que podrían resultar necesarios para una emergencia real.
En este caso, al menos una amenaza llegó a provocar el despliegue de unidades policiales y servicios especializados, con repercusiones temporales en la operativa aeroportuaria. La investigación trata ahora de determinar la responsabilidad de los sospechosos y comprobar si otras personas participaron en las comunicaciones.
La Policía aconseja conservar las pruebas digitales que puedan resultar útiles ante amenazas o episodios de acoso, siempre sin asumir riesgos personales, y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.