El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 13 años y medio de cárcel por las agresiones sexuales que una niña sufrió durante años a manos de un primo en el entorno familiar de Marbella. La decisión pone fin a un largo recorrido judicial iniciado después de que la víctima, ya mayor, se decidiera a denunciar hechos ocurridos cuando era pequeña.
La resolución definitiva ha trascendido en un reportaje publicado por Diario SUR sobre el proceso que atravesó la mujer para llevar a su agresor ante la Justicia. La víctima tardó alrededor de quince años en romper el silencio, según ese relato, y explicó que decidió actuar por el temor a que otras menores pudieran sufrir una situación semejante.
Agresiones desde que tenía cinco años
Los hechos ya habían sido examinados por la Audiencia Provincial de Málaga y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Según la información judicial difundida por Europa Press cuando se conoció el fallo del TSJA, las agresiones comenzaron cuando la niña tenía cinco años y se prolongaron hasta los diez, entre 2002 y 2007.
Los episodios se producían durante las visitas a viviendas de familiares, entre ellas las de su abuela y su tía abuela. El condenado, un primo de mayor edad, aprovechaba ese entorno de confianza para acercarse a la menor y cometer los abusos y agresiones sexuales que fueron declarados probados. El tribunal también recogió que le advertía de que no se resistiera ni contara lo sucedido.
No se trató, según los hechos declarados probados, de un único episodio. La sentencia describe conductas reiteradas durante varios años en los que la víctima era una niña de corta edad. La relación familiar y el tiempo transcurrido antes de la denuncia fueron elementos examinados por los tribunales a la hora de valorar las pruebas.
De la Audiencia de Málaga al Tribunal Supremo
La Audiencia Provincial impuso una pena de trece años y seis meses de prisión. En abril de 2026, el TSJA desestimó el recurso presentado por la defensa y confirmó tanto la pena como las restantes medidas acordadas. Ahora, según la información publicada por SUR, el Tribunal Supremo también ha ratificado la condena, con lo que el caso alcanza su cierre en la vía de recursos descrita por ese medio.
Además de la prisión, la resolución confirmada por el TSJA incluía la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante veinte años y una indemnización de 50.000 euros por daños morales. Estos extremos proceden de la información judicial de abril; no se han difundido en las fuentes consultadas modificaciones posteriores de esas medidas.
Por qué los tribunales dieron credibilidad a la denunciante
Una de las cuestiones abordadas durante el proceso fue que la mujer relató lo ocurrido muchos años después de que cesaran los abusos. Los jueces consideraron verosímil su explicación: según recogió la resolución del TSJA, habló de los hechos por el temor que sentía ante la posibilidad de que el condenado repitiera esas conductas con otra menor de la familia.
El tribunal destacó la persistencia y coherencia de su relato y la existencia de otros elementos de corroboración. Entre ellos figuraba la declaración de un hermano del acusado, que contó que había hablado con este después de conocer la denuncia y que había obtenido una respuesta que respaldaba lo relatado por la víctima.
La defensa recurrió el fallo, pero el TSJA entendió que sus argumentos no desvirtuaban la valoración efectuada por la Audiencia. La ratificación posterior por el Supremo, publicada ahora, supone un nuevo paso procesal y da carácter definitivo a la pena en los términos comunicados.
Una denuncia mucho tiempo después de la infancia
El caso también pone de relieve una realidad que aparece en distintos procedimientos por violencia sexual intrafamiliar: las víctimas no siempre pueden relatar lo vivido cuando son menores. El miedo, el vínculo con el agresor y las consecuencias familiares pueden influir en el tiempo que tardan en buscar ayuda. Es una consideración general que no sustituye lo que los tribunales acreditaron en este procedimiento.
La cobertura de un caso así debe preservar la identidad de la víctima y evitar detalles innecesarios que permitan identificarla por su entorno. El dato central es el resultado judicial: 13 años y medio de prisión confirmados para el autor de las agresiones sexuales cometidas durante la infancia de su prima.