La Policía Nacional ha aportado nuevos detalles sobre la entrega ilegal de una bebé a una pareja de Málaga, un caso que comenzó a investigarse después de que los propios receptores acudieran a los servicios sociales de Campanillas. Los agentes del Grupo de Menores explican ahora que no han encontrado pruebas sólidas de que existiera un pago por la niña y descartan, con los datos de la investigación, que detrás del episodio haya una red organizada de tráfico de bebés.
La información procede de una entrevista a investigadores del GRUME publicada este martes, 27 de octubre, por Málaga Hoy. Sus declaraciones permiten precisar algunas cuestiones que habían quedado abiertas tras conocerse el caso el pasado día 23, cuando la Policía anunció tres detenciones en Cartagena.
Una entrega irregular y la decisión de acudir a los servicios sociales
La pareja de Málaga que recibió a la pequeña había explicado a los agentes que llevaba más de quince años intentando tener hijos y que un conocido les puso en contacto con la madre biológica. La entrega se realizó al margen de cualquier procedimiento de adopción o acogimiento autorizado. Según su relato, aceptaron hacerse cargo de la niña ante las amenazas atribuidas a la progenitora de abandonarla.
Cuando acudieron a los servicios sociales de Campanillas, llevaban alrededor de dos semanas con ella, de acuerdo con la nueva información policial publicada. Los adultos afirmaron que la bebé presentaba signos de desnutrición y malos tratos cuando se la entregaron. La situación fue comunicada a las autoridades y se activaron los mecanismos de protección de menores.
Los investigadores valoran que la pareja terminara poniendo los hechos en conocimiento de los servicios sociales, aunque subrayan que eso no convierte en legal la entrega. Los receptores siguen bajo investigación por su posible intervención en una adopción irregular; no se ha comunicado que fueran detenidos.
La Policía no acredita un pago por la niña
Una de las preguntas abiertas era si el traspaso de la menor se había realizado a cambio de dinero. Según la entrevista al GRUME, esa posibilidad se continúa examinando, pero no existen hasta ahora evidencias sólidas de una contraprestación económica. Por tanto, no puede afirmarse que la bebé fuera vendida ni atribuir un precio a la operación.
Los agentes también rechazan que los datos conocidos permitan hablar de una organización dedicada al tráfico de bebés. Su valoración sitúa lo ocurrido en un episodio excepcional entre personas concretas, sin que se haya acreditado la existencia de una estructura criminal dedicada a este tipo de entregas.
Los padres biológicos denunciaron un secuestro inexistente
La investigación cobró un nuevo rumbo cuando los progenitores biológicos acudieron a la Policía en Cartagena y aseguraron que unos encapuchados los habían agredido y secuestrado a su hija. Para entonces, los investigadores ya conocían la entrega irregular y la niña se encontraba bajo protección de la Administración, con una familia de acogida provisional.
Los agentes contrastaron los hechos y determinaron que el relato del secuestro era falso. Las diligencias, desarrolladas conjuntamente por el GRUME-UFAM de Málaga y el grupo de investigación de Cartagena, desembocaron en las detenciones de los padres biológicos y del intermediario que habría facilitado el contacto entre las dos parejas.
En la entrevista publicada el 27 de octubre se indica que los tres arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares de alejamiento respecto a la menor mientras avanza el procedimiento. Esta información supone una actualización sobre la situación procesal comunicada inicialmente, cuando solo se había confirmado su detención.
La niña, protegida por una familia de acogida
La menor no permanece con la pareja que la recibió irregularmente. Tras la intervención administrativa, pasó al sistema de protección infantil y se le asignó una familia de acogida provisional. La Policía considera muy improbable, según las declaraciones recogidas en la nueva entrevista, que aquella pareja termine haciéndose cargo de la niña por la vía del acogimiento.
La prioridad es su bienestar, por lo que no se difunden datos que puedan identificarla. La situación de la bebé debe distinguirse de la investigación penal a los adultos: el objetivo de la protección administrativa es garantizar que la menor permanezca en un entorno adecuado mientras las autoridades competentes deciden las medidas que correspondan.
Un caso que sigue bajo investigación
La noticia inicial de EL CASO MÁLAGA recogió la entrega irregular, el falso secuestro denunciado por los padres biológicos y las tres detenciones. La novedad de este martes está en las precisiones de los investigadores: no se ha acreditado un pago, se descarta una red organizada con los elementos actuales y se conoce la situación posterior de los arrestados.
Las posibles responsabilidades de cada implicado deberán resolverse en sede judicial. Hasta entonces, la condición de investigado o detenido no equivale a una condena, y las afirmaciones sobre las circunstancias de la entrega deben mantenerse atribuidas a quienes las realizaron.