La gestión del desguace municipal de Málaga, en Los Asperones, vuelve a situar a la empresa pública Smassa ante una cuestión pendiente desde hace meses: qué ocurrió con el contrato que mantenía con Reciclados y Desguaces Industriales y de Automoción P&V (Redia), pese a que una auditoría había advertido de incidencias relevantes en el servicio.
En marzo de este año, un consejo extraordinario de Smassa acordó iniciar la resolución del contrato. Sin embargo, la relación se prolongó durante más de seis meses, hasta que la propia empresa comunicó su desistimiento el 29 de septiembre. La decisión llegó doce días después de un incendio registrado en las instalaciones.
Unos 400 vehículos pendientes de tratamiento
El fin de la relación con Redia ha dejado una acumulación de aproximadamente 400 vehículos pendientes de tratamiento en Los Asperones, según la documentación municipal publicada por Málaga Hoy. El volumen aumenta a razón de unos 80 coches al mes.
Para mantener la actividad, la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios prepara un contrato temporal de seis meses por un importe próximo a los 80.000 euros. La empresa propuesta para asumirlo es Autodesguace Avilés, que, de las 16 firmas consultadas, fue la que acreditó disponer de autorización para actuar como centro autorizado de tratamiento y de capacidad para comenzar de inmediato.
Las auditorías y la investigación de Fiscalía
Las irregularidades detectadas en los contratos de Smassa ya habían sido trasladadas a la Fiscalía. Las auditorías encargadas por la empresa municipal identificaron anomalías administrativas y posibles sobrecostes de hasta el 90 % en determinadas facturas de varios servicios. El Ayuntamiento puso la documentación en conocimiento del Ministerio Público, que abrió diligencias.
En febrero fue despedido el jefe de Servicios vinculado a varios de los contratos examinados, después de un expediente disciplinario. La investigación también abarca cuestiones relacionadas con el servicio del desguace. Las referencias a irregularidades o a posibles delitos medioambientales corresponden a lo recogido en las auditorías y diligencias conocidas, sin que supongan una condena penal a la empresa adjudicataria.
El Ayuntamiento ha justificado los meses transcurridos entre el inicio de la resolución y la finalización del contrato por la tramitación administrativa del procedimiento. Smassa ha recurrido a una fórmula provisional para evitar la interrupción del servicio de tratamiento de vehículos mientras se resuelve la nueva contratación.