El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves que la seguridad clínica “no se ha visto comprometida en ningún momento” en relación con la polémica por el presunto uso de reactivos caducados en el laboratorio del Hospital de la Axarquía.
Sanz defendió en el Parlamento de Andalucía que, con la información disponible hasta ahora, no ha quedado acreditado que existiera un riesgo para los pacientes. También sostuvo que los analizadores están programados para bloquear y rechazar automáticamente cualquier reactivo caducado.
Sus palabras llegan en un contexto de controversia por el caso del centro hospitalario malagueño, después de que trascendiera la investigación abierta para aclarar si en el laboratorio pudieron conservarse o utilizarse materiales caducados durante varios años.
La Junta sostiene que no se ha acreditado un perjuicio clínico
El consejero insistió en que no se ha probado una afectación real a la seguridad asistencial y señaló que el Servicio Andaluz de Salud había puesto en marcha actuaciones internas antes de que el asunto llegara a la Fiscalía.
La posición de la Junta contrasta con las denuncias y dudas planteadas alrededor de la gestión de determinados reactivos en el laboratorio. La cuestión sigue pendiente del resultado de las investigaciones abiertas y de la documentación que pueda incorporarse al expediente.
Investigación abierta en el Hospital de la Axarquía
La Fiscalía de Málaga mantiene diligencias para aclarar lo ocurrido en el laboratorio del Hospital de la Axarquía. La investigación busca determinar si existió realmente uso o conservación de reactivos caducados, durante cuánto tiempo y si esa práctica pudo tener algún efecto sobre las pruebas realizadas.
El caso afecta a una de las principales infraestructuras sanitarias de la comarca y ha generado inquietud entre usuarios y profesionales. El centro atiende a una amplia población de la Axarquía y cualquier duda relacionada con la fiabilidad de las pruebas de laboratorio tiene una especial relevancia sanitaria.
Por ahora, la posición oficial de la Junta es que no se ha acreditado un perjuicio clínico para los pacientes. Será la investigación en marcha la que permita fijar con mayor precisión qué ocurrió y si existieron irregularidades en la gestión del laboratorio.
Fuentes consultadas: intervención de Antonio Sanz en el Parlamento de Andalucía e información difundida por Europa Press y otros medios el 1 de octubre de 2026.