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La Audiencia de Málaga revoca el desahucio de un hombre de 70 años en Puerto de la Torre

La Audiencia Provincial de Málaga revoca la orden de desahucio de Fernando García, de 70 años, al apreciar un contrato de compra previo y pagos de 60.000 euros realizados por su padre.

Portada editorial de EL CASO MÁLAGA: la Audiencia frena el desahucio de un vecino de 70 años de Puerto de la Torre. Composición gráfica.
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Fernando García, un vecino de 70 años del Puerto de la Torre de Málaga que afrontaba el desalojo de la vivienda en la que lleva más de dos décadas, ha logrado que la Audiencia Provincial revoque la sentencia que ordenaba su desahucio. La resolución, fechada el 13 de noviembre de 2026, estima su recurso porque aprecia un conflicto sobre la propiedad del inmueble que no puede resolverse a través de una demanda de desahucio por precario.

El conflicto tiene su origen en una compraventa iniciada hace veinte años. El padre de Fernando adquirió la vivienda a la promotora Vitosur mediante un contrato privado. El dinero se abonó, pero la escritura pública nunca llegó a formalizarse. Años después, el inmueble volvió a ser vendido y los nuevos compradores acudieron a los tribunales para recuperar la posesión.

Una compra de 60.000 euros documentada por el tribunal

La Audiencia ha examinado los justificantes de pago aportados por la familia. Según la documentación incorporada al procedimiento, el padre de Fernando entregó 3.000 euros en concepto de reserva en 2006 y otros 47.000 euros al firmar el contrato privado de compraventa. Los 10.000 euros restantes se abonaron en noviembre de 2007, cuando la promotora entregó las llaves de la vivienda.

La familia pagó en total 60.000 euros. La falta de escritura pública quedó vinculada a la espera de la licencia de primera ocupación. Esa formalización, sin embargo, nunca llegó a producirse durante la vida del comprador.

El padre de Fernando falleció en 2012 y dejó como herederos a sus dos hijos. Fernando siguió residiendo en el inmueble, donde figura empadronado desde 2003 y se ha hecho cargo de los suministros de agua y electricidad. La Audiencia ha valorado estos antecedentes junto con el contrato y los justificantes económicos.

La vivienda fue vendida de nuevo en 2024

El conflicto judicial se desencadenó cuando la promotora vendió la misma vivienda en julio de 2024 a otras dos personas, que posteriormente reclamaron la posesión ante los tribunales. El procedimiento llegó al Juzgado de Primera Instancia número 20 de Málaga, que en octubre de 2025 estimó la demanda y ordenó el desalojo de Fernando y de quienes ocupaban la casa.

La orden de lanzamiento afectaba a la vivienda habitual de Fernando, donde reside con su hijo. Fernando defendía que no había entrado en la casa sin autorización, sino que su familia había pagado por ella y disponía de un contrato de compraventa, aunque faltara la escritura.

Antes de la decisión de la Audiencia, el juzgado había suspendido provisionalmente el lanzamiento previsto para el 19 de octubre de 2026. La suspensión se acordó mientras se examinaba su situación económica y habitacional y se recababa información de los servicios sociales.

La Audiencia considera que no se trata de una ocupación en precario

Los magistrados han apreciado que el contrato privado anterior, el pago del precio y la condición de heredero de Fernando proporcionan indicios suficientes de que puede existir un derecho sobre el inmueble. Esas circunstancias impiden resolver el conflicto como una simple ocupación sin título a través del procedimiento utilizado por los demandantes.

La Audiencia ha revocado así la orden de desahucio y ha estimado el recurso del vecino. También ha impuesto a los demandantes que reclamaban el lanzamiento las costas del procedimiento en primera instancia.

La Audiencia ha dejado sin efecto el desahucio acordado en el procedimiento de precario. La titularidad del inmueble corresponde a otro litigio, en el que se examinarán los derechos derivados de las compraventas.

Más de veinte años en la misma vivienda

Fernando había explicado públicamente las dificultades que atravesaba ante la orden de lanzamiento. El jubilado señalaba que dispone de una pensión de unos 700 euros al mes y había acudido a los servicios sociales para solicitar ayuda. La posibilidad de tener que encontrar otra vivienda en Málaga, con esos ingresos, era una de sus principales preocupaciones.

La Audiencia ha atendido al contrato privado de compraventa, los pagos acreditados y los años de residencia de Fernando para estimar su recurso contra el desalojo.

La sentencia del 13 de noviembre revoca el desahucio acordado en primera instancia.

Fuentes: Resolución de la Audiencia Provincial fechada el 13 de noviembre de 2026,