El testimonio de una niña que se encontraba en un centro de protección de menores de Málaga fue decisivo para sacar a la luz las agresiones sexuales y los malos tratos que había sufrido a manos de su padre en Cáceres. La menor habló con una psicóloga cuando tenía 12 años. Aquel relato dio paso a un procedimiento judicial que ahora termina, en esta fase, con la confirmación de una condena de 16 años y tres meses de prisión.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso presentado por la defensa y ratificado la resolución de la Audiencia Provincial de Cáceres. De la pena total, 14 años y tres meses corresponden a un delito continuado de agresión sexual y otros dos años a un delito de violencia habitual en el ámbito familiar.
Agresiones en el domicilio familiar
Los hechos que el tribunal considera probados ocurrieron entre diciembre de 2021 y abril de 2022 en una vivienda de Cáceres. Durante ese periodo, la niña sufrió agresiones sexuales reiteradas y episodios de violencia física y psicológica. La sentencia también describe un ambiente familiar marcado por el maltrato y los enfrentamientos con el padre.
En abril de 2022 dejó de convivir con sus progenitores y pasó a quedar bajo la tutela de los servicios de protección de menores. Fue posteriormente, durante su estancia en un centro de Málaga, cuando pudo explicar a una profesional lo sucedido.
El tribunal confirma la valoración de las pruebas
La defensa había pedido la absolución del condenado o una reducción de las penas. Entre sus argumentos cuestionó determinadas pruebas practicadas durante el procedimiento y la valoración del testimonio de la víctima. El tribunal extremeño rechazó el recurso y respaldó la declaración que la menor prestó presencialmente durante el juicio.
La resolución confirma además una indemnización de 150.000 euros a favor de la víctima y una pensión de alimentos de 150 euros mensuales. Incluye la privación de la patria potestad durante diez años, medidas de alejamiento y prohibición de comunicación, libertad vigilada e inhabilitación para actividades con contacto habitual con menores.
El caso, ocurrido en Extremadura, tiene una vinculación directa con Málaga por el centro en el que la víctima pudo contar las agresiones que llevaba tiempo sufriendo. La confirmación de la condena se conoció este 12 de noviembre.