Comparte esta noticia

Agentes del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo natural y vecino de Málaga de 62 años de edad como presunto autor de un delito recogido en el capítulo V del código penal relativo a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, concretamente por poseer pornografía infantil.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20:00 horas de la tarde del lunes 6 de septiembre en la barriada Parque Ayala, sita en el distrito Carretera de Cádiz, donde agentes de un equipo del GOA de la Policía Local de Málaga procedieron a dar el alto a un vehículo Seat León, identificando a los tres ocupantes, de 37, 41 y 62 años, y comprobando, tras inspeccionar sus pertenecías, como este último portaba dos consoladores, tres teléfonos móviles, dos tarjetas de memoria, un pen drive y una tarjeta SIM.

Los agentes del GOA llevaron a cabo las gestiones oportunas para comprobar la situación de los terminales móviles, pudiendo comprobar que uno de ellos había sido denunciado por sustracción el pasado 8 de agosto de 2021, hecho por el que fue preguntado el individuo, que manifestó que no era robado, accediendo a desbloquearlo, momento en el que los policías locales pudieron observar que en la pantalla aparecía una fotografía de una menor de edad desnuda y en actitud pornográfica, ante lo que el propio individuo llegó a manifestar que “poseía más archivos con menores desnudas pero que no era ningún pederasta”.

Ante los hechos, los policías locales procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales, para, posteriormente, ser puesto a disposición judicial.

A falta de una investigación más exhaustiva con respecto al contenido de los mencionados dispositivos de almacenamiento que le fueron intervenidos, al detenido, al que le constan antecedentes delictivos, se le atribuye, en principio, la presunta autoría de un delito recogido en el artículo 189.5 del código penal: “El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años”.

habla con El Caso