MÁLAGA. La Guardia Civil investiga a dos jóvenes de 25 y 26 años, ambos residentes en Málaga, por su presunta implicación en la difusión de imágenes y vídeos íntimos sin consentimiento. La actuación forma parte de la denominada operación Yokais, desarrollada por especialistas de Policía Judicial en la Región de Murcia.
La investigación comenzó después de que una mujer denunciara que vídeos privados suyos habían sido publicados en páginas web de acceso público. A partir de esa denuncia, los agentes realizaron distintas pesquisas que permitieron identificar al supuesto responsable de la difusión y localizar a otras seis posibles víctimas.
Siete posibles víctimas en la operación Yokais
En total, la investigación ha permitido detectar hasta ahora a siete mujeres que podrían haber sufrido la publicación no consentida de contenido íntimo. La Guardia Civil mantiene las diligencias abiertas para determinar el alcance completo de los hechos y comprobar si existen más personas afectadas.
Según la información conocida, la rápida intervención de los investigadores permitió conservar pruebas digitales antes de que pudieran ser eliminadas o dejaran de estar accesibles. Los agentes también intervinieron un teléfono móvil que será analizado para reconstruir la actividad investigada e identificar posibles conexiones con otras publicaciones.
Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial. El hecho de que una persona esté siendo investigada no implica una condena: deberá respetarse su presunción de inocencia mientras avanza el procedimiento y se aclara su participación concreta.
La importancia de conservar las pruebas digitales
La difusión de material íntimo sin permiso puede provocar un grave daño personal, familiar y laboral. Cuando una víctima detecta que una fotografía o un vídeo privado ha sido compartido, resulta fundamental conservar las pruebas disponibles: direcciones web, capturas de pantalla, nombres de perfiles, fechas, mensajes y cualquier dato que ayude a identificar el origen y la cadena de difusión.
También es aconsejable denunciar cuanto antes ante la Policía Nacional o la Guardia Civil y solicitar la retirada del contenido a la plataforma en la que aparezca publicado. La Agencia Española de Protección de Datos dispone además de un canal prioritario para pedir la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos difundidos sin consentimiento.
Compartir nuevamente el archivo para advertir a otras personas puede amplificar el daño. La forma más segura de ayudar es no reenviarlo, guardar únicamente la información necesaria como prueba y comunicar los hechos a las autoridades.
Una investigación todavía abierta
El análisis del teléfono intervenido será una de las piezas relevantes para determinar cuántos archivos se difundieron, por qué vías y si pudieron participar otras personas. La Guardia Civil recuerda que estos hechos deben denunciarse y que las evidencias digitales pueden desaparecer rápidamente si no se preservan desde el primer momento.
El Caso Málaga seguirá la evolución judicial de la operación Yokais y actualizará esta información si se producen nuevas actuaciones o si se identifica a más posibles víctimas.
Fuente: información facilitada por la Guardia Civil y recogida por Cadena SER.