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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Local) detectaron el pasado año en Málaga un total de 9.183 hechos presuntamente delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que supone un incremento del 40,19% respecto a 2019 y representa el 23,45% del total regional. En Andalucía se registraron en 2020 un total de 39.157 ciberdelitos, un 36,6%% más respecto a 2019.

 

 

Los datos contabilizados desde 2016 confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento y que aumenta progresivamente su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad. En 2016 se registraron 1.580 delitos de este tipo en Málaga, que han ido aumentado progresivamente hasta los 9.183 detectados en 2020. En 2019, la cifra se situó en 6.550 actos delictivos.

El 87,81 por ciento de los ciberdelitos (8.064) que se registraron en Málaga están relacionados con el fraude informático (estafas). A continuación se situan las amenzas y coacciones con 496 actos delictivos, los de acceso e interceptación ilícita con 245 y los de falsificación informática con 171.

Las cifras están recogidas en el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y pueden consultarse en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior así como a través este enlace.

Por lo que se refiere a Andalucía, se detectaron el pasado año un total de 39.157 hechos presuntamente delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que supone un incremento del 36,6% respecto a 2019 y representa el 13,5% del total nacional, que en 2020 se situó en 287.963 ciberdelitos, un 31,9% más respecto a 2019.

Cataluña y Madrid anteceden a la comunidad andaluza, con 48.794 y 48.678 infracciones penales, respectivamente. Le siguen Comunidad Valenciana (25.732), País Vasco (17.866), Castilla y León (15.457) y Galicia (14.632).

Del total de ciberdelitos conocidos, el 89,6% (257.907) fueron fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (14.066 casos), que representan un 4,9%.

Perfil de los delincuentes y ámbitos geográficos

El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (73,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.

Desde el punto de vista geográfico, la distribución de la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales.

A lo largo del año 2020 se reportaron también 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2% más respecto al año anterior, de acuerdo con la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del transporte (24,08%) y la energía (14,05%).

Este VIII Informe sobre Cibercriminalidad recoge información de todos los cuerpos policiales del territorio nacional, tanto en los hechos conocidos como en detenciones e investigados, motivo que ha permitido reconstruir y actualizar la serie histórica desde el año 2016.

Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad

El incremento progresivo de los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones impulsó este año la creación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva. Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero, el plan dotó al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.

En el diseño del plan, dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), participaron responsables, especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil, policías autonómicas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, CCN-CERT e INCIBE-CERT, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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