El propietario del terreno cobraba entre 300 y 700 euros por empadronamiento, sirviéndose de una red de intermediarios que captaban a extranjeros necesitados de un trámite de regularización
Actualmente, existían empadronadas en el lugar 173 personas -siendo 153 extranjeras la mayoría en situación irregular- en una superficie 136 metros cuadrados
La finca, que solo contaba con dos viviendas y varias caravanas, no reunía con las condiciones mínimas de salubridad
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vélez-Málaga al propietario de una finca que registraba más de un centenar de empadronamientos fraudulentos, cobrando por cada uno de ellos entre 300 y 700 euros. Así mismo, otras tres personas resultaron detenidas por dedicarse, presuntamente, a realizar labores de captación de extranjeros que necesitaban este tipo de trámite para regularizar su situación en España. En la actualidad se hallaban empadronadas 173 personas siendo 153 extranjeras- en una superficie de 136 metros cuadrados.
Fruto de una operación policial llevada a cabo en 2022 que pretendía poner fin a la proliferación de asentamientos clandestinos de caravanas en el municipio de Vélez-Málaga, se localizó una finca que carecía de los permisos necesarios para la actividad de estacionamiento de larga estancia. Inspecciones posteriores denotaron que la propiedad, con tan solo 136 metros cuadrados y dos viviendas construidas, contaba con un elevado número de personas empadronadas, llegando a registrar en el momento actual 173.
Ante estos datos, los agentes realizaron numerosas gestiones con las administraciones a fin de identificar a las personas que realmente residían en el lugar. De todos los empadronados 153 resultaron ser extranjeros y sólo 12 habitaban allí en la actualidad.
Las informaciones recabadas pusieron de manifiesto que muchas de las personas empadronadas nunca habrían morado en la finca. Principalmente, ciudadanos extranjeros, de origen marroquí y senegalés, que eran captados en la provincial de Almería por intermediarios y que habrían llegado a pagar entre 300 y 700 euros para obtener el certificado de empadronamiento y con ello regularizar su situación administrativa.
La operación policial ha conseguido identificar una estructura criminal que basaba su actividad en la falsedad documental y el favorecimiento de la inmigración ilegal. Igualmente, se ha comprobado que otras personas investigadas han conseguido regularizar su situación en España gracias a esta organización, pudiéndose enfrentar a una revocación de los permisos ya concedidos, así como a las correspondientes sanciones administrativas.