El alcalde de Estepona, José María García Urbano, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona ha acordado abrir juicio oral contra el regidor por un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación, a raíz de la contratación de una mujer como personal eventual del Ayuntamiento.
La decisión judicial, conocida este miércoles 11 de noviembre, supone que el procedimiento pasa a la fase de enjuiciamiento. La Audiencia Provincial de Málaga será el órgano encargado de celebrar la vista. La mujer contratada también figura entre las personas acusadas en esta causa.
El asunto gira en torno a una incorporación realizada en febrero de 2023. La trabajadora permaneció vinculada al Consistorio durante 46 días, hasta el 31 de marzo de aquel año. La Fiscalía sostiene que cobró de las arcas municipales sin desempeñar realmente las funciones propias del puesto; esa versión es rechazada por el alcalde y su defensa.
Una contratación bajo investigación
Según la acusación, el nombramiento se formalizó mediante un decreto municipal del 13 de febrero de 2023 para un puesto de personal eventual en el Área de Control Externo. Durante el período investigado, la trabajadora percibió 5.276,92 euros en salarios. La investigación se ha ocupado de esclarecer si realizó una actividad profesional efectiva y si el nombramiento respondía a necesidades reales del Ayuntamiento.
La Fiscalía sostiene que el alcalde promovió aquella contratación pese a conocer, según su tesis, que las tareas asignadas no iban a ejecutarse. En el procedimiento también se ha mencionado una supuesta relación personal entre el regidor y la empleada, una circunstancia que forma parte de las alegaciones de la acusación y no supone por sí misma la comisión de un delito.
La defensa mantiene una versión diferente. Afirma que la mujer sí llevó a cabo cometidos ligados a un puesto de confianza, entre ellos el seguimiento de redes sociales, y que recibía indicaciones verbalmente. García Urbano ha negado de forma reiterada cualquier irregularidad en su actuación.
Las penas que solicita la Fiscalía
El Ministerio Público pide para José María García Urbano un año y once meses de prisión y cinco años y once meses de inhabilitación para empleo o cargo público. La petición es inferior a la formulada en una etapa anterior del procedimiento, cuando la acusación interesaba una pena más elevada.
En la causa figura la devolución de 7.866,89 euros a las arcas municipales, cantidad que comprende los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social asociados a la contratación. Ese reintegro ha tenido relevancia en la evolución de la petición de pena.
La Fiscalía y dos acusaciones particulares, una de ellas en representación del PSOE, solicitaron que el asunto llegase a juicio. El juzgado ha considerado procedente abrir esa fase y remitir el caso a la Audiencia Provincial.
El recorrido del procedimiento
La tramitación de esta causa ha pasado por distintas resoluciones. En abril de 2026, la Audiencia Provincial estimó parcialmente un recurso de la defensa y acordó que el asunto siguiera por los cauces del procedimiento abreviado, en lugar de tramitarse ante un jurado popular. La investigación continuó hasta desembocar en el auto de apertura de juicio oral.
La apertura del juicio es una decisión procesal: no significa que el alcalde haya sido condenado. Será en la vista donde se examinen las pruebas y los argumentos de la acusación y de la defensa.
Tras conocerse el auto, García Urbano expresó su plena confianza en la Justicia y manifestó que desea que el juicio se celebre lo antes posible para poder acreditar, según sostiene, que no se cometió delito ni irregularidad. La fecha de celebración de la vista no se ha concretado en la información difundida sobre la resolución.