La Guardia Civil ha investigado a dos personas en Benaoján (Málaga) por presuntamente utilizar agua oxigenada de alta concentración y uso industrial para blanquear productos cárnicos, un tratamiento expresamente prohibido en la industria alimentaria. La operación, denominada Redox y desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Málaga en colaboración con los servicios de control sanitario de la Junta de Andalucía, ha desembocado en la intervención y orden de destrucción de 30.530 kilogramos de carne y huesos contaminados, además de la clausura inmediata de las instalaciones inspeccionadas.
Los dos investigados son la titular de la empresa y el encargado de la planta. Según la información difundida por el Instituto Armado este martes, 20 de octubre de 2026, se les atribuyen presuntos delitos contra la salud pública y falsedad en documento privado. Las diligencias han sido remitidas a los Servicios Generales-Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda. Su condición es la de investigados, no condenados.
Una inspección en diciembre de 2025 destapó una nave clandestina
El origen de la investigación se sitúa en diciembre de 2025, cuando los agentes inspeccionaron una nave que operaba de manera clandestina, sin las licencias exigidas para desarrollar esa actividad. El inmueble estaba junto a otra instalación que sí disponía de autorización oficial.
De acuerdo con la investigación de la Guardia Civil, esa proximidad entre las dos naves permitía desviar parte de la producción y ocultar la mercancía adulterada antes de su posible reintroducción en los canales comerciales. Este extremo forma parte de los hechos investigados; la nota oficial no determina qué cantidad de producto llegó efectivamente a venderse ni identifica establecimientos o consumidores afectados.
Lo que encontraron los inspectores no se limitaba a una posible irregularidad administrativa. En el interior se detectaron graves deficiencias higiénico-sanitarias: carne almacenada sin refrigeración y distintos géneros depositados directamente en el suelo, entre fluidos y suciedad. Estas condiciones llevaron a analizar tanto el tratamiento aplicado a los productos como su estado sanitario.
Huesos y espinazos de cerdo sumergidos en peróxido de hidrógeno al 50 %
Los análisis técnicos permitieron identificar el procedimiento investigado: la inmersión de huesos y espinazos de cerdo en soluciones de peróxido de hidrógeno al 50 %, una formulación de agua oxigenada de elevada concentración destinada al ámbito industrial. Su utilización de esta manera sobre alimentos está expresamente prohibida, según la Guardia Civil.
La finalidad atribuida al tratamiento era blanquear el aspecto del producto. La investigación no describe un proceso alimentario autorizado, sino la aplicación de una sustancia química industrial a materias cárnicas que posteriormente podían entrar en la cadena comercial.
Los informes periciales elaborados por el Grupo de Periciales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil y por la Junta de Andalucía advierten de un riesgo concreto: la elevada porosidad del hueso favorece la absorción del producto químico. Esa circunstancia supondría, según las conclusiones comunicadas, un alto riesgo de quemaduras severas y lesiones corrosivas en el tracto digestivo.
Los investigadores constataron, además, otro problema distinto del uso del químico: la pérdida de la cadena de frío. Los análisis revelaron una grave contaminación microbiológica de los productos, por lo que la amenaza sanitaria identificada no dependía exclusivamente del tratamiento con peróxido.
Más de 45 toneladas de producto químico adquirido
La investigación incluyó el rastreo de las adquisiciones de la sustancia utilizada. Según la Guardia Civil, la titular de la explotación compró 45.830 kilogramos de peróxido de hidrógeno entre febrero de 2025 y junio de 2026. El comunicado policial también señala presuntas irregularidades o engaño en la adquisición de ese producto químico restringido.
La cifra corresponde al producto químico adquirido y no debe confundirse con el volumen de alimentos retirados. La nota no precisa cuánto peróxido se empleó efectivamente en el tratamiento de huesos y espinazos, ni detalla las condiciones concretas de cada compra. Esos aspectos no pueden darse por acreditados más allá de la información facilitada por los investigadores.
Clausura de las instalaciones y destrucción de 30.530 kilos
Ante los riesgos detectados, la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga decretó el cierre inmediato de las instalaciones y ordenó la intervención y destrucción total de 30.530 kilogramos de carne y huesos contaminados.
La medida se adoptó como respuesta a la amenaza para la salud pública descrita en las actuaciones. La documentación oficial consultada no incluye una relación de marcas, lotes de venta o comercios, ni anuncia una alerta dirigida a consumidores con productos concretos identificables. Por ello, no puede extrapolarse la intervención a establecimientos determinados ni atribuirle un alcance comercial que la Guardia Civil no ha comunicado.
La actuación conjunta del SEPRONA y de los servicios de control sanitario de la Junta de Andalucía permitió reunir tanto los indicios sobre el uso de la sustancia como los resultados de las inspecciones higiénicas y los informes periciales necesarios para sustentar las diligencias.
Dos personas investigadas y diligencias en el Tribunal de Instancia de Ronda
La propietaria de la empresa y el encargado de la planta figuran como investigados por su presunta participación en delitos contra la salud pública y falsedad en documento privado. El procedimiento y las diligencias instruidas se encuentran en manos de los Servicios Generales-Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda, según la nota emitida el 20 de octubre.
La Guardia Civil no ha difundido en ese comunicado las identidades de las personas investigadas, el nombre comercial de la explotación, resoluciones judiciales sobre medidas cautelares personales ni datos acerca de eventuales víctimas. Tampoco consta en la información oficial si la totalidad de los productos intervenidos había sido preparada para la venta. En esta fase corresponde mantener la presunción de inocencia de ambos investigados.
La cronología de la operación Redox
- Febrero de 2025: comienza el periodo de adquisición de peróxido de hidrógeno industrial identificado en la investigación.
- Diciembre de 2025: una inspección en una nave sin las licencias exigidas da origen a la investigación.
- Junio de 2026: termina el periodo de compras documentado por los agentes, que totaliza 45.830 kilos de sustancia química.
- 20 de octubre de 2026: la Guardia Civil informa públicamente de la operación, los dos investigados, la clausura y la intervención de 30.530 kilos de productos contaminados.
Fuente: comunicación oficial de la Dirección General de la Guardia Civil, Comandancia de Málaga, operación Redox, de 20 de octubre de 2026.