La noche del 12 de enero de 2007, Miguel Grima, alcalde de Fago, una pequeña localidad del Pirineo oscense, regresaba a casa cuando su vehículo quedó bloqueado en una carretera por unas piedras colocadas en la calzada.
Cuando se detuvo, recibió un disparo de escopeta cargado con postas. La investigación determinó que el ataque había sido preparado para obligarlo a frenar en aquel punto.
El crimen provocó una enorme conmoción por el tamaño del municipio y por las tensiones acumuladas alrededor de la política local. Durante semanas, prácticamente todos los movimientos de los vecinos fueron objeto de atención policial y mediática.
El principal sospechoso terminó siendo Santiago Mainar, guarda forestal y vecino de la zona. La Audiencia Provincial de Huesca lo condenó en 2009 a 20 años y nueve meses de prisión por asesinato, atentado y tenencia ilícita de armas.
El Tribunal Supremo confirmó posteriormente la condena. La sentencia consideró probado que Mainar sentía una profunda animadversión hacia Grima y que preparó la emboscada con la intención de matarlo.
El crimen de Fago quedó como uno de los casos más singulares de la crónica negra española por producirse en una localidad de apenas unas decenas de habitantes y por la mezcla de conflictos personales, política local y aislamiento geográfico que rodeó la investigación.