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Enmarcado en el Plan Mayor Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Guardia Civil, en la denominada operación “Mendacium”, ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a personas de avanzada edad, colectivos vulnerables y personas en situación de dependencia o discapacidad, habiéndose localizado hasta la fecha 231 víctimas principalmente en la provincia de Málaga y Ciudad Real, así como en las provincias de Almería, Córdoba, Toledo y Madrid.

En esta operación han sido detenidas e investigadas 10 personas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil, habiendo decretado la autoridad judicial el ingreso en prisión de los dos máximos responsables de la organización.

Se han realizado 5 registros en empresas y domicilios en las provincias de Madrid, Málaga y Ciudad Real, en los que se han intervenido numerosos ordenadores, diverso material informático, documentación relacionada con la actividad delictiva y 2 vehículos, así como se han bloqueado 32 cuentas bancarias y 2 inmuebles.
La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de varias denuncias por estafa en las que las víctimas manifestaban recibir constantes coacciones y amenazas de forma presencial o a través de llamadas telefónicas para adquirir diversas colecciones de libros u otros productos del hogar.

Tras las gestiones practicadas, los agentes corroboraron la existencia de una red criminal que adquiría de forma ilegal bases de datos personales de personas que habían comprado con anterioridad a otras empresas, conteniendo todo tipo de información personal, circunstancias económicas (si era pensionista, minusválido, ingresos anuales, viviendas en propiedad), información bancaria, tipos de productos adquiridos, incluso su DNI y firma.

Con esta información la organización seleccionaba a las personas de avanzada edad y de mayor vulnerabilidad, engañándolas con diversos métodos para obligarlas a adquirir nuevas colecciones, amenazándolas con ser penalizadas con el pago de diferentes sumas de dinero si no adquirían sus productos, a lo que la víctima accedía ante la posibilidad de tener problemas legales.

Miembros de esta organización se personaban en los domicilios de sus víctimas haciéndose pasar por abogados de la empresa, amenazándoles con denuncias por impago y el embargo de sus pensiones si no accedían a comprar colecciones de libros que no deseaban por unos precios que oscilaban entre los 1.500 y los 3.000 euros.

También engañaban a sus víctimas con falsos descuentos en los productos por su condición de pensionistas, por fidelización o por ser beneficiarios de algún tipo de subvención, llegando incluso a adquirirlos por precios de hasta 25 veces por encima de su valor de mercado.

Esta red, al poseer los datos personales, bancarios y fotocopias de dni de las víctimas, llegaba a falsificar los contratos de compraventa y financiación desconociendo los afectados la existencia de la compra, habiéndose percatado de que estaba pagando una financiación posteriormente

Todas estas compras fraudulentas eran financiadas por diferentes entidades, y para asegurarse la aprobación de la financiación, esta red utilizaba de forma sucesiva varias empresas con las que, en caso de que fuese rechazada la financiación, ésta era solicitada nuevamente desde otra empresa adaptándose a los requisitos para asegurarse la aprobación de la misma.

Los investigadores han podido constatar la realización de 236 contratos de financiación fraudulentos por los que se estima que la organización habría obtenido un beneficio de casi 349.000 euros en un año, no descartándose la existencia de más personas que hubiesen sido estafadas por este grupo criminal.

Esta operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Compañía de la Guardia Civil de Ronda con los apoyos del Equipo Arroba de la Comandancia de Málaga, efectivos de la Compañía de Marbella y de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Ciudad Real.