La Guardia Civil ha puesto bajo investigación a 27 personas por su presunta participación en una red dedicada a capturar y comercializar pescado inmaduro y especies marinas protegidas en la costa de la Axarquía. La actuación, bautizada como operación Modicum, ha permitido identificar cuatro estructuras que, según los investigadores, trabajaban de manera coordinada para abastecer canales de venta al margen de los controles establecidos.
El resultado de la investigación ha sido comunicado este jueves, 5 de noviembre, por la Comandancia de Málaga. El dispositivo ha estado dirigido por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), con el apoyo del Servicio de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía. Las diligencias ya se han enviado a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Málaga.
Del mar a la venta sin pasar por la lonja
La investigación se centra tanto en la pesca como en lo que ocurría después con las capturas. De acuerdo con la Guardia Civil, el entramado llevaba a cabo una actividad continuada y utilizaba circuitos clandestinos de distribución para vender pescado sin pasar por los cauces legales de comercialización en lonja.
Ese recorrido irregular, señalan los agentes, permitía eludir los controles sanitarios y veterinarios que deben superar los productos destinados al consumo humano. Los investigadores también detectaron que el pescado era transportado sin mantener la cadena de frío exigida y que carecía de la trazabilidad necesaria para acreditar su procedencia y seguir su recorrido hasta la venta.
La ausencia de trazabilidad y de las condiciones de conservación exigidas es una de las cuestiones centrales de la operación: no se trata únicamente de comprobar cómo se obtenían las capturas, sino también de determinar cómo llegaban a sus posibles compradores. La nota oficial no identifica establecimientos receptores, especies concretas ni cantidades de pescado comercializadas.
Registros en cinco inmuebles e inspección de seis barcos
El dispositivo se cerró con registros e inspecciones en cinco inmuebles y seis embarcaciones vinculados a la actividad investigada. En estas actuaciones, la Guardia Civil intervino cuatro embarcaciones, seis motores fueraborda y 16 artes de pesca prohibidas, además de material auxiliar que, según la investigación, se utilizaba para almacenar y trasladar las capturas.
El trabajo conjunto con los inspectores pesqueros de la Junta permitió confirmar el empleo de aparejos no selectivos y expresamente prohibidos. Este tipo de prácticas preocupa especialmente en investigaciones sobre inmaduros y fauna marina protegida, porque las restricciones de captura y los controles de talla tienen como finalidad proteger los recursos pesqueros y la continuidad de las especies.
Cuatro estructuras conectadas y 27 investigados
La Guardia Civil sostiene que las 27 personas investigadas estaban integradas en cuatro estructuras delictivas interconectadas que operaban en el litoral malagueño. A los investigados se les atribuyen presuntos delitos contra la flora y la fauna y de pertenencia a organización criminal.
La condición de investigado no equivale a una condena. Por el momento, la comunicación oficial no anuncia detenciones ni concreta la identidad de los implicados, los municipios en los que se realizaron los registros o el tiempo durante el que habría funcionado la red.
La investigación pasa a la Fiscalía de Medio Ambiente
Con la remisión de las diligencias a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Málaga, la operación entra en una nueva fase de valoración de los hechos y de las posibles responsabilidades penales. La Guardia Civil no ha informado todavía de resoluciones judiciales relacionadas con este procedimiento.
El caso pone el foco en dos problemas que confluyen en la pesca furtiva: el daño que puede ocasionar la extracción de ejemplares inmaduros o protegidos y la comercialización de alimentos fuera de los controles de origen y conservación. En la operación Modicum, ambos aspectos forman parte de las conductas que investigan los agentes.