La puesta en marcha de la futura comisaría de la Policía Nacional en Roquetas de Mar (Almería) ha sufrido un nuevo contratiempo. La Dirección General de la Policía suspendió la reunión prevista para este martes, 3 de noviembre, en la que debía presentarse el catálogo de 150 puestos de trabajo y el procedimiento para cubrirlos mediante comisiones de servicio. La decisión se adoptó después de que los responsables de la Administración conocieran, a través de los medios de comunicación, la existencia de una sentencia judicial relacionada con el proceso.
Así lo ha denunciado la Unión Federal de Policía (UFP) en una nota de prensa remitida desde Almería. El sindicato reclama que se estudie cuanto antes la resolución, se aclare su alcance real y se convoque una nueva reunión para evitar que el proyecto acumule más retrasos.
Un catálogo de 150 plazas que no ha llegado a presentarse
El encuentro suspendido iba a servir para dar a conocer una propuesta de plantilla integrada por 108 policías, 14 oficiales, 16 subinspectores, ocho inspectores, tres inspectores jefes y un comisario. En total, 150 puestos distribuidos entre las distintas escalas.
La UFP explica que las comisiones de servicio previstas debían adjudicarse atendiendo a criterios objetivos, como la antigüedad, el mérito y la capacidad. También estaba previsto publicar posteriormente las plazas que quedasen vacantes en otras dependencias policiales de la provincia, para que la llegada de efectivos a Roquetas no perjudicase directamente a las plantillas de otros municipios almerienses.
Estas resultas se tramitarían junto con un cupo de puestos vinculados a los servicios de seguridad de la Subdelegación del Gobierno en Almería y el Centro Penitenciario de El Acebuche, cuya prestación, según la planificación descrita por UFP, pasaría de la Guardia Civil a la Policía Nacional.
El sindicato había reclamado más agentes
La organización recuerda que el pasado 22 de septiembre registró un escrito dirigido al director general de la Policía para solicitar que la dotación inicial, entonces prevista en 120 funcionarios, aumentase en otros 60. Su petición respondía, según señala, a las necesidades del municipio, su evolución demográfica y delincuencial y las consecuencias que la reorganización policial tendría para el resto de la provincia.
El nuevo catálogo cuya presentación se ha suspendido contempla 150 plazas, por debajo de los 180 efectivos que resultaban de aquella petición sindical. La nota no precisa por qué la cifra planteada para la reunión era finalmente esa.
La primera fase de implantación de la Policía Nacional en Roquetas de Mar estaba prevista en instalaciones provisionales situadas en los bajos de la Plaza de Toros, un espacio limitado que serviría como solución transitoria hasta disponer de una comisaría definitiva.
Una sentencia cuyo alcance reclama aclarar la UFP
El sindicato considera especialmente preocupante que se haya suspendido una reunión de este alcance sin que, según su versión, se haya examinado antes el contenido íntegro de la resolución judicial. La UFP cuestiona que las informaciones conocidas por la prensa puedan condicionar un proyecto tan importante sin determinar previamente qué establece exactamente el fallo y qué consecuencias jurídicas tiene.
En su comunicado, la organización dirige preguntas a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil acerca de la difusión de la sentencia y pide que se eviten conclusiones prematuras. La suspensión de la reunión no equivale, por sí sola, a la cancelación definitiva de la comisaría: el siguiente paso anunciado es estudiar el pronunciamiento judicial y valorar cómo continuar con la tramitación.
La UFP recalca que cualquier sentencia debe respetarse y cumplirse, pero sostiene que también debe interpretarse con rigor. Reclama a la Dirección General de la Policía una respuesta rápida y una nueva convocatoria que permita saber qué partes del procedimiento podrían verse afectadas y cuáles pueden seguir adelante.
La apertura sigue pendiente
Para los representantes sindicales, la llegada de la Policía Nacional a Roquetas de Mar es una reivindicación histórica que debe realizarse con efectivos suficientes, medios materiales y garantías organizativas. No solo piden recursos para el municipio: insisten en que el despliegue no puede hacerse a costa de debilitar otros servicios de seguridad en la provincia.
Por el momento, la presentación del catálogo de puestos ha quedado suspendida y no se ha comunicado una nueva fecha. La UFP espera que la Administración aclare cuanto antes el alcance de la sentencia y retome los trámites necesarios para poner en funcionamiento las dependencias policiales.
Fuente principal: nota de prensa de la Unión Federal de Policía (UFP), Almería, 3 de noviembre de 2026.